La Generalitat de Cataluña ha decidido abrir cuatro expedientes sancionadores por 2.400 euros a Cabify por haber incumplido el periodo mínimo de precontratación de 15 minutos en su regreso a Barcelona.
La compañía intentó esquivar esa imposición de los 15 minutos a través de un contrato anual con su filial Prestige&Limousine, de modo que solo había que esperar esos 15 minutos la primera vez que se aceptasen las condiciones y después el servicio funcionaba con normalidad durante un año.
Cabify cambió su modelo de negocio gracias a la compra, hace unos meses, de Prestige&Limousine, una filial del exjefe del sector del taxi José Antonio Parrondo, que tenía en su poder centenares de licencias VTC en Barcelona.
A pesar de estos expedientes sancionadores, en paralelo la administración quiere conocer la operativa y comprobar si cumple con el decreto aprobado el pasado mes de enero, que un mes después fue ratificado por el Parlament.
La Generalitat abrió este expediente informativo, que ahora amplía solicitando más información el pasado 11 de marzo. La empresa tuvo 10 días hábiles para aportar la documentación que se le requería, pero la administración consideró que no era suficiente para determinar si cumple con la normativa.
Este movimiento supone un antes y un después para este tipo de compañías que intenten burlar la precontratación de 15 minutos. Además de la empresa Prestige&Limousines, Cabify también ha comprado recientemente el grupo Vector Ronda Teleport, donde compartía accionariado con el empresario Rosauro Varo.
