La plataforma de movilidad Bolt, que ofrece desde servicios VTC hasta alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, así como reparto de comida a domicilio, prepara su salida a bolsa. Está entre sus objetivos, además de fijarse como meta ser rentable para mediados de 2024. Bolt, con más de 150 millones de clientes, planea salir a bolsa.
Esta tarde nos vamos a acercar a los planes y al día a día de la compañía de la mano de Daniel Georges, el director de VTC de Bolt aquí en España y de Juan Fernández, el responsable de Micromovilidad de la compañía.
¿Qué objetivos tiene la compañía? Lo comentamos con Daniel Georges, el director de VTC de Bolt en España y Juan Fernández, responsable de Micromovilidad.
¿Por qué quieren se una compañía cotizada, por qué se han puesto manos a la obra para salir al mercado en un futuro?
Bolt quiere salir a bolsa porque puede suponer una ventaja a la hora de levantar capital y se han establecido como objetivo el año 2025, aunque puede variar en función de las condiciones de mercado.
La compañía tiene presencia en más de 45 países y 500 ciudades, y ha superado el umbral de los 500 millones de clientes.
De aquí a un año, en España y en el caso de su negocio de VTC, buscan consolidarse donde ya tienen presencia, hasta ser el actor número 1. A nivel de expansión a más regiones, están sujetos a las restricciones regulatorias y de ello va a depender que puedan entrar en más mercados.
Cómo les afecta el "decreto escoba"
En el que se ha denominado “decreto escoba”, el gobierno regulaba antes de las elecciones anticipadas del 23 de julio las licencias de VTC tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rechaza las limitaciones de la ley española a la circulación de estos vehículos.
En concreto, se declaraba el taxi como servicio de interés público y se permitía a las regiones limitar las licencias por motivos medioambientales y de tráfico. ¿ Ustedes como compañía o dentro de las patronales de las VTC.
Bolt considera que la respuesta por parte del Gobierno no ha sido suficiente y no se alinea del todo con lo que ha expresado el Tribunal Europeo, que establece que no se puede discriminar a un sector sobre otro, en cuanto a criterios de beneficio económico.
La mayoría de estas competencias, como la limitación de licencias o los tiempos mínimos de contratación, se han delegado a las comunidades autónomas. "Estamos a la espera de ver cómo se desarrolla esto a nivel regional", concluyen desde Bolt.
