Abengoa solicita a los acreedores un periodo de espera de siete meses para sacar adelante su plan de reestructuración. La adhesión a este acuerdo permitiría que sus acreedores no insten a la declaración de concurso a partir del 28 de marzo, fecha en que vence el preconcurso en que se encuentra la empresa. La empresa busca una adhesión del 60% de los acreedores al acuerdo antes de esa fecha para solicitar una prórroga al juez y conseguir después el visto bueno del 75% de los acreedores.


El grupo aseguraba el pasado miércoles que, de momento, un 40 por ciento de los acreedores financieros de la compañía apoyan el preacuerdo de reestructuración de deuda rubricado la semana pasada por un grupos de bancos y bonistas. Si la reestructuración tiene éxito, Abengoa reducirá su deuda financiera hasta los 4.923 millones de euros, desde los 9.395 millones de finales que tenía a finales de año, y obtendrá financiación para salir del actual hoyo y lograr un ebitda positivo a partir de 2017.

Para reflotar la compañía, los acreedores asumirán canjes deuda por capital y una quita del 70 por ciento de la deuda corporativa, dejando a los accionistas actuales con sólo un 5 por ciento del capital.


Poco antes, Moody's aseguraba que la propuesta de reestructuración que pretenden llevar a cabo Abengoa y parte de sus acreedores equivale a un "default" o suspensión de pagos atendiendo a los baremos de la agencia de calificación de deuda. En concreto, Moody's señala que la pretensión de canjear un 70 por ciento de los 9.300 millones de deuda de Abengoa por participaciones en la empresa supone un "default" según sus definiciones.

Moody's dice que otra lección a extraer de la situación de Abengoa es que "el efectivo puede evaporarse rápidamente" ante la pérdida de confianza de proveedores y clientes, al tiempo que destaca lo difícil resultaba analizar la salud de la empresa por su compleja estructura financiera.