Mujeres, indígenas y activistas, contra el abuso empresarial a pesar de todo
29.000 indígenas quekchí en Alta Verapaz (Guatemala) en peligro por la construcción del complejo hidroeléctrico Renace de la empresa española Cobra (ACS), propiedad de Florentino Pérez. El río del que viven está perdiendo su caudal por este proyecto que daña el medioambiente y vulnera la situación de las comunidades.
También en Guatemala, una comunidad indígena consiguió frenar los planes de la gallega Ecoener-Hidralia para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Cambalam a pesar de la represión y los encarcelamientos de la población autóctona.
En Nepaja (El Salvador) se consiguió paralizar la ampliación de una planta embotelladora de Coca-Cola que amenazaba con dejar a 30.000 personas sin acceso a su fuente de agua tras la recogida de más de 10.000 firmas.
Más lejos, en Guinea Bissau, la empresa española de producción de arroz Agrogeba acaparó tierras sin contar con las comunidades ni realizar un estudio de impacto socioambiental, lo que dejó a más de 600 personas sin tierra. La mayoría eran mujeres que dependían de los terrenos para subsistir.
Algo parecido sucedió en Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, donde muchas personas, la mayoría de mujeres, sufrieron desplazamientos y pérdida de sus propiedades por la actividad de la compañía española Sacyr en la rehabilitación de una vía férrea.
“Llevamos estudiando más de 6 años los efectos que tiene la irrupción de empresas en países en desarrollo. Hemos visto que en muchos hay un efecto especial sobre las mujeres, que sufren impactos aún peores que el conjunto de la población en general y por eso queremos estudiarlo de forma concreta”, explica Almudena Moreno, Coordinadora del Programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad y de la campaña DestieRRRadas.
La lucha de la defensa medioambiental tiene rostro de mujer. La ONG lleva años recolectando información y emitiendo informes donde se aprecian “impactos negativos, desde la criminalización y el acoso, pero sobre todo en cómo se les cierra el círculo personal y comunitario”. “A los hombres se les ve como héroes cuando defienden derechos mientras que a las mujeres se les aísla”, advierte Moreno.
Esta última campaña se enmarca en Centroamérica, donde Alianza por la Solidaridad denuncia la triple condición que afecta la actividad de estas defensoras: son mujeres, son activistas y en muchos casos son indígenas. Se encargan de las tareas de cuidados, de las labores del hogar y de la gestión de unos recursos que muchas veces se ven afectados por la actividad de empresas que irrumpen en el territorio sin estudios de impacto previos.
La campaña revela que el 54% de las activistas son agredidas por dirigentes políticos, policías, militares, jueces y fiscales. Un 13% son atacadas en sus entornos privados -en su comunidad y organizaciones e incluso en el ámbito familiar- acusándolas de abandonar las “labores de su género”.
Moreno critica que la respuesta de las compañías suele ser “negar lo evidente”, aunque muchas de ellas reconducen su actividad o han llegado a cancelarla. “Se acogen a que su intervención generará desarrollo pero nosotros hemos demostrado que desgraciadamente no es así”, explica.
“Lo principal es que la actividad a la que se dedique una empresa sea desarrollada de manera responsable con los derechos humanos y el medioambiente, tiene que ser un enfoque transversal y no una responsabilidad corporativa mal entendida, que muchas veces se ve más como un elemento de márketing”, concluye.
