El 81% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor en la gran empresa y entre las pymes. Los datos forman parte del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform.
Sólo el 8% de las empresas que tiene relaciones comerciales con la Administración tiene que aceptar una extensión de los plazos de pago, un porcentaje similar a 2018. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago también se mantiene estable, en el 17%.
En el otro extremo está la gran empresa, que impone plazos de pago al 50% de sus proveedores (2018, 51%). El mayor empeoramiento, de cuatro puntos, se registra en el segmento de pymes, que imponen plazos de pago superiores a los que desean al 46% de las empresas (2018, 42%).
Según el Estudio, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, sólo el 43% de las empresas trabaja con plazos inferiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad.
Solo el 10% de empresas trabaja por encima de los 90 días, lo que supone el menor registro de la serie histórica.
¿Qué razones explican este retraso en pagos a los clientes? Crece dos puntos el retraso intencionado del cliente (55%) y cae un punto la falta de disponibilidad de fondos (52%).
