La Comunidad de Madrid ya tiene gobierno, o al menos, un pacto que permita formar un ejecutivo con el que llegar a la Puerta del Sol antes de septiembre sin tener que volver a las urnas. Isabel Díaz Ayuso, candidata por el partido popular, será la octava presidenta de la comunidad tras una convulsa legislatura que empezó Cristina Cifuentes, recogió el testigo Ángel Garrido, tránsfuga a Ciudadanos y finalizará Pedro Rollán.
Una de las exigencias de Vox que se han visto recogidas en el nuevo pacto “verbal” que conformará el nuevo gobierno es la de “destinar los presupuestos de cooperación al desarrollo a proyectos de desarrollo en la Comunidad de Madrid”.
La página web de la Comunidad de Madrid define a estos proyectos como “aquellos que tienen por objeto contribuir al progreso humano o la disminución de la pobreza en países en desarrollo”.
Los proyectos destinados a la cooperación y al desarrollo internacional dependen de rebautizada consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad, la que tuvo en los pasados presupuestos generales de 2019 una cantidad total de 4,25 millones de euros, lo que suponía un aumento del 30,77% con respecto a la efectuada en 2018.
Ignacio Aguado, próximo vicepresidente de la comunidad, en declaraciones a la SER afirma que las nuevas partidas que se aprueben “podrán tener el ojo en la mirada internacional, pero sin perder el compromiso social de Madrid”.
En los prorrogados Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno destinó un total de 1.677 millones de euros, un 0,5% de la política de gasto enmarcada dentro de las cuentas públicas, lo que supone un aumento del 0,1% con respecto al año pasado.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) la controla la OCDE y los países donantes no pueden destinar estos fondos a lo que ellos quieran sino que deben adjudicarse a proyectos aprobados por la organización internacional, por lo que la petición de Vox aceptada por PP y Cs podría quedar en papel mojado.
Aguado apostilla que “la competencia a la cooperación y al desarrollo debería corresponder al Estado, ya que sería mucho más eficaz”.
Entre 1999 y 2009 se han ido aprobando en las diversas comunidades autónomas en las sucesivas Leyes Autonómicas de Cooperación en vigor de la ley estatal que les obliga a los territorios a destinar el 0,7% de su PIB. Objetivo que solo cumplen dos de las 17 comunidades autónomas, Euskadi y Castilla y León.
Con toda previsión, Díaz Ayuso será presidenta antes de la segunda quincena de agosto, ya que se estima que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, convoque a consulta a los partidos y anuncie el nuevo debate de investidura para finales de la semana que viene.
Un gobierno bicolor
PP y Ciudadanos acordaron el pasado mes de junio un pacto de gobierno que apoyará Vox en la investidura, pero no entrará en un ejecutivo al que prometen hacerle una “férrea oposición” desde sus 12 escaños en la Asamblea de Madrid, según afirmaba la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.
La alianza de PP y Cs se escenificó tras la rúbrica de un documento de 155 medidas en las que, ahora, se incluirán diversas modificaciones a raíz del anuncio de Vox de apoyar a Díaz Ayuso como presidenta.
Este pacto reparte el gobierno regional entre 13 consejerías con una vicepresidencia para Ignacio Aguado, secretario general de Ciudadanos en Madrid, y una portavocia para los naranjas cuyo “segundo” será un popular que pueda contrarrestar las controversias que pudieran surgir entre ambas organizaciones políticas ante la primera legislatura de coalición en Madrid en la que la incertidumbre se abre paso por las calles de la región.
