La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Astrazeneca y la Universidad de Oxford está en el ojo del huracán. El antídoto está comprometido a recientes informaciones que aseguran que no es tan efectiva como se pensaba.

Una realidad que amenaza el calendario de vacunación de todo el mundo contra la pandemia y que está a punto de convertirse, si se confirman las sospechas, en el mayor conflicto europea a cuenta del antídoto contra el coronavirus.

Este lunes, ante los retrasos anunciados por el laboratorio británico y las sospechas de que pudiera estar revendiendo dosis comprometidas con Europa a terceros países, la Comisión Europea pidió explicaciones a la empresa y la amenazó con interponer acciones legales contra los laboratorios si no se aclaraban todas estas dudas.

De hecho, Italia y Suecia ya han anunciado que suspenden el programa de compra hasta que tengan nuevas informaciones. España apoyaría las intenciones de la Unión Europea que pasan por suspender la compra de estos antídotos.

Pero el problema no acaba aquí. Este martes hemos sabido, según los rotativos alemanes Bild y Handelsblatt, que el gobierno alemán pone en cuestión la eficacia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en personas mayores de 65 años. Según el Handelsblatt esas mismas fuentes habían asegurado que la eficacia se desplomaba hasta el 8% en los más mayores.

Sin embargo, según el corresponsal político de Handelsblatt, Gregor Waschinski, la evaluación dentro del gobierno alemán tiene en cuenta los datos relevantes que la compañía ha presentado a la Agencia Europea del Medicamento que, apunta, no son los mismos datos que publicó el regulador del Reino Unido al otorgar la aprobación de uso de emergencia el pasado 30 de diciembre.

Se temía que esta vacuna, cuya comercialización están pendiente de aprobar esta semana la Agencia Europea del Medicamento, no alcanzara la eficacia del 90 por ciento de las vacunas contra el ARN mensajeros del SARS-Cov-2. Sin embargo, la extrema eficacia de las personas de la tercera edad es un retroceso para la estrategia de vacunación de Alemania y el resto de países europeos.

La reacción de AstraZeneca no se ha hecho esperar y en una declaración institucional ha afirmado que "las informaciones que afirman que la vacuna AstraZeneca y Oxford solo tendría una eficacia del 8% en los adultos mayores de 65 años son totalmente falsas". No obstante, más allá de las declaraciones del laboratorio muchos expertos señalaban que parecía raro que con esos datos hubiera recibido el visto bueno de otras agencias en el mundo como el Reino Unido y ahora, también, se espera que lo haga la Unión Europea.

Sin embargo a las acusaciones de los periodistas alemanes se suman explicaciones de otros como Alex Wickham, periodista de Politico, que aseguraba incluso el mismo Ministerio de Sanidad germano había denegado la supuesta eficacia del 8%. Según Wickham, todo se debía a una confusión de los periodistas ya que la cifra del 8% se refería al número de personas de entre 56-69 años que había en el estudio. Una suposición que ha confirmado el ministerio de Salud alemán a través de un portavoz.

Con la ley en la mano

No obstante, esta diatriba pone sobre la mesa la necesidad de introducir medidas de transparencia a cuenta del desarrollo de estos antídotos. Ni se comprende, ni por parte de la población ni en el mundo político, que los países estén adelantando cantidades muy importantes de dinero antes incluso de que se reciban las autorizaciones pertinentes sin información pública disponible.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, ha asegurado este martes que las opciones de evaluación deben ser "públicas y coordinadas".

Una reacción que se conforma como un paso más en la presión que Bruselas está ejerciendo sobre la farmacéutica británica AstraZeneca después de que ésta comunicara el viernes que iba a cumplir con los plazos de entrega de la vacuna contra el COVID-19.

AstraZeneca fue la primera empresa con la que firmó un contrato la Unión Europea en agosto por 300 millones de dosis más una opción de 100 millones adicionales. Ahora la compañía asegura que no está en disposición de cumplir con las cantidades acordadas y que frente a los 80 millones de dosis que debe suministrar durante el primer trimestre del año solo entregará 31 de millones de dosis. Todo un revés para las estrategia de vacunación de los países comunitarios en plena tercera ola de la pandemia.

Inmediatamente después de conocerse esta noticia se convocó una reunión del comité de coordinación sobre vacunas en Bruselas, con representantes de los 27 y la propia compañía que duró varias horas y en la que las cosas tampoco fueron mejor. La comisaria europea de la Salud, Stella Kiriakides, les dijo que los planes de la compañía "son inaceptables para la UE". Una afirmación que este martes ha compartido la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Von der Leyen: "Las empresas deben cumplir"

Declaraciones de este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen

Ante esta noticia, la comisaria ha lanzado implícitamente la acusación de que AstraZeneca habría vendido una parte del stock fabricado y destinado al bloque comunitario a otros clientes

"La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis han sido producidas por AstraZeneca hasta ahora, exactamente dónde y si se han entregado y a quién" aseguraba la comisaria de Sanidad.

Un paso más allá

El domingo Italia ya anunció que emprendería acciones legales contra AstraZeneca y también contra Pfizer por los retrasos en las entregas de las vacunas.

Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ante la posibilidad de que Bruselas decidiera emprender acciones legales contra AstraZeneca ha asegurado que el Gobierno apoyará a la Comisión "en lo que decida".

En el Parlamento Europeo varios eurodiputados sugieren al Ejecutivo que se valga de la regulación sobre medicamentos y retire forzosamente las patentes a los laboratorios para que las vacunas puedan ser fabricadas masivamente por todas las empresas que dispongan de tecnología para ello, pero, hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo comunitario es un negativa.