El Gobierno ha flexibilizado el objetivo de estabilidad presupuestaria. Relaja para las comunidades autónomas la meta de déficit en un 0,2%. Dos décimas de déficit que podrán tener este año frente a la previsión inicial del 0%, que se pospone a 2022. ¿Debe preocuparnos esta mayor flexibilidad?
"Retrasar un año o dos la senda de estabilidad presupuestaria no es un drama", asegura Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública.
Análisis con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública
Eso sí, no es un drama siempre y cuando se consiga una situación de estabilidad para el periodo fijado en 2022 ahora que España ya cuenta con nuevo Gobierno.
La flexibilización entra dentro de la lógica, según el experto. "Hay que acudir a Europa y solicitar un aplazamiento en la senda de ajuste preucpuestario, entra dentro de lo razonable", asegura. De algún modo, se espera que Bruselas ceda dada la situación económica actual, salpicada de incertidumbres y sumida en una ralentización a nivel mundial.
Las CCAA reclaman el IVA de 2017
Mientras tanto, las autonomías reclaman a Hacienda que les devuelva los 2.500 millones de euros de liquidación de un mes de IVA en 2017.
Son 2.500 millones que se dejaron de ingresar en su momento y que supone un "problema serio" en la financiación de los servicios públicos, tal y como incide Rubio.
Con este cobro pendiente, las comunidades autónomas están perdiendo una cantidad significativa de recursos que deberían haber recibido en su día.
"Lo que no es de recibo es la justificación del Gobierno", señala el catedrático de Hacienda Pública. Y es que el Ejecutivo de Sánchez apela a que no hay norma presupuestaria, cuando en otros casos se ha logrado solventar el problema mediante mecanismos administrativos. "Hay cierta dejación", considera Rubio.