Pablo Iglesias ha garantizado la aprobación de una renta mínima vital lo antes posible y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya trabaja en ello, para presentarla en mayo. Una de las dudas principales es si salen las cuentas, si ese plan del Gobierno se puede cumplir.
Ya existe un sistema actualmente, gestionado por las comunidades autónomas; Iglesias señala que cuenta con bajos niveles de cobertura y no está bien coordinado, con lo que se generan desequilibrio.
Algunos expertos apuntan a que en algún momento habrá que adoptar la renta mínima, dado que la robotización hace que cada vez haga falta menos mano de obra y que muchos empleos desaparezcan.
Recimentemente el FMI alertaba de que el gasto social en España ayuda poco a las rentas bajas y a los jóvenes. El dato sigue estando por debajo de la media europea. Además España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad, según el coeficiente de Gini.
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¿Cuáles son las dudas que plantea esta medida?
En primer lugar, el importe. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya propuso el año pasado la creación de una renta mínima única, de unos 430 euros al mes.
El Gobierno hablaba este verano de un importe de entre 600 euros a 1.800 euros, dependiendo del caso. Y Unidas Podemos proponía una cantidad de hasta 1.200 para familias con varios hijos.
Otros expertos han propuesto en alguna ocasión la implantación de la renta mínima, como Jordi Sevilla, economista y exministro de Administraciones Públicas. Él proponía una cantidad de 5.500 euros al año, que se incrementaría en caso de tener hijos.
También surge la duda de cuánto va a costar a las arcas españolas esa renta mínima. Podemos hablaba en su programa de un coste de 12.000 millones, que un estudio del BBVA Research elevaba hasta los 18.870 millones de euros.
En las últimas semanas el proyecto del Gobierno ha traído cola y se ha llegado a hablar de una renta temporal, que luego sirviera de "puente" a una definitiva. Ahora las últimas estimaciones hablan de 6.000 millones de coste para el plan que prepara el ministerio que dirige José Luis Escrivá.
Algunos expertos dicen que solo salen las cuentas si el Gobierno hace toda una remodelación fiscal, para conseguir recaudar esa cantidad.
Por su parte las propuestas de la AIReF, que presentó el año pasado dos alternativas, tendrían un coste fiscal de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades, frente al coste de 7.200 millones cuantificados por UGT y CCOO.
¿Y qué supondría eso para el agujero de la Seguridad Social? ¿Cómo se puede hacer esto en un momento en el que Bruselas presiona a España para reducir todavía más el déficit?
Iglesias defiende que hay margen para modificar el sistema fiscal. El ejecutivo tiene entre sus planes aprobar nuevas tasas, como la digital, el impuesto al diesel o los de Sociedades y Grandes Patrimonios.
Lo que han aprobado otros países a raíz del coronavirus
El Gobierno de Canadá ha aprobado una ayuda de 2.000 dólares canadienses (1.300 euros) a los trabajadores que hayan perdido su empleo a causa de la Covid-19. Los desempleados podrán optar a esta ayuda durante cuatro meses.
Estados Unidos concederá una ayuda de 1.200 dólares por persona y el Parlamento de Australia se está planteando medidas similares. También las estudian en Escocia, después de que el Parlamento Británico haya rechazado implantarlas en todo Reino Unido.
Casos de otros países
Finlandia puso en marcha en 2017 una renta básica de 560 euros al mes libres de impuestos que otorgaba 2.000 desempleados. Tras dos años, concluyó que la ayuda había desincentivado la búsqueda de empleo y decidió no seguir adelante con la renta mínima.
También en Suiza se votó en 2016 la implantación de una renta mínima de 2.250 euros. El 78% de los ciudadanos votó en contra.
Los promotores de la iniciativa defendían que, debido a la robotización, ya no hace falta tanta mano de obra. También que hay algunos trabajos no reconocidos (amas de casa, por ejemplo).
Dentro de Estados Unidos, llama la atención el caso de Alaska. En 1976 se creó el Alaska Permanent Fund, un fondo de fideicomiso, de propiedad pública, que opera con el dinero que procede de, al menos, el 25% del capital que genera la explotación de minerales y petróleo en el Estado.
Se creó al finalizarse la construcción del oleoducto de la Bahía de Prudhoe. Desde entonces, todos los ciudadanos de Alaska (que vivan allí al menos 6 meses recibe un dividendo de una parte del rendimiento medio del fondo durante los últimos cinco años.
En 2019 la cantidad a recibir por persona ha sido de 1.606 dólares. Se alcanzó un máximo en 2015, con la cifra de 2.072 dólares por habitante.
