El fin de la prostitución era una misión marcada en rojo en la agenda de la vicepresidenta Carmen Calvo. Días antes de abandonar el ejecutivo expresó su deseo de abolir el sexo de pago durante esta legislatura. Calvo corregía el dicho, “no es la profesión, sino la esclavitud más antigua del mundo”. Y “todo aquel que piense lo contrario que dedique a sus hijas a hacer un máster”. Con su salida de la política, la ilegalización de la prostitución se convierte en una quimera, ¿o no?
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Antes de marcharse, dejó una puerta abierta. Desveló la existencia de “un borrador” e instó a Irene Montero a liderar su misión como ministra de Igualdad.
La tarea no se presenta fácil. España es el país de Europa donde más prostitución se consume y el tercero a nivel mundial, solo detrás de Tailandia y Puerto Rico.
El enemigo es muy poderoso, ¿cuánto dinero mueve la prostitución en nuestro país?
La prostitución es un negocio casi invisible, instalado cómodamente fuera de los límites de la legalidad. La opacidad del mercado negro dificulta su rastreo y hace prácticamente imposible tasar con fiabilidad las cantidades ingentes de dinero que mueve a diario. Una vez aclarado este punto, repasamos los datos registrados hasta la fecha:
Según la ONU, se trata del segundo negocio más lucrativo del mundo, que mueve alrededor de 108.000 millones de dólares anuales. En nuestro país, la única aproximación de referencia procede del INE (2018), que desde hace unos años- bajo normativa europea, estudia la aportación de la actividad al PIB nacional. Entonces, la prostitución representaba el 0.35% del PIB, lo que supone más de 4.000 millones de euros. Aunque estas cifras podrían ser irrisorias comparadas con la masa millonaria que desaparece en la economía sumergida.
Antes de la pandemia, las carreteras de nuestro país estaban pobladas con más de 1200 burdeles, concentrando a partes iguales su actividad en el centro urbano y el extrarradio. Solo en la Colonia de Marconi (Madrid) o el barrio del Raval (Barcelona) trabajan más de un millar de prostitutas. En toda nuestra geografía, se calcula que la cifra asciende a 100.000, el doble que fisioterapeutas colegiados…
Un negocio muy rentable que se reparte entre muy pocas manos, embolsando pingües beneficios a los capos de organizaciones de trata de personas. Pues España es también uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo. Un “paraíso” sexual a pocos kilómetros de casa para nuestros vecinos europeos
La pandemia no ha sido un impedimento. De hecho, de acuerdo con Naciones Unidas la crisis de la COVID-19 ha empujado a miles de personas sin trabajo a dedicarse a la prostitución en busca de dinero rápido. Ahora, con fortuna la acción sexual se produce entre mascarillas, gel hidroalcohólico, preservativos, lubricantes y compresas… Lo que tampoco asegura que se eviten contagios de todo tipo.
¿Abolir o regular?
El eterno debate. Una corriente de pensamiento muy extendida aboga por la regulación del sector. En la política española tenemos un ejemplo. Frente a la vertiente abolicionista de socialistas y populares, en Ciudadanos defienden que el Estado persiga a las mafias y a la vez regule la situación para que cada cual ejerza su uso de libertad, sin coacciones.
Bajo este mantra, si se regulariza la actividad sexual- aplicando el IVA en las tarifas- Hacienda recaudaría miles de millones de euros anuales. Además, sus partidarios vaticinan un incremento de los precios para los clientes con el consecuente descenso de la clientela. En la práctica, el menor consumo reduciría la ocupación y alejaría el tráfico ilegal de personas extranjeras a nuestro país. Son solo algunos ejemplos: Alemania, Francia o Países Bajos.
La línea del gobierno es más parecida a las políticas suecas. En Estocolmo la cantidad de prostitutas se ha reducido en dos tercios y la de clientes en un 80% en los últimos 20 años. ¿Cómo? Entendiendo la prostitución como un aspecto más de la violencia masculina contra mujeres, niños y niñas. Así, todo el aparato de la justicia a emprendido una cruzada frente a los hombres que, a sus ojos, explotan a las mujeres cuando contratan su servicios.
Una estrategia similar podría fraguar el ministerio de Igualdad. Una acción conjunta en estrecha colaboración con la cartera de justicia que ahora ostenta Pilar Llop (curiosamente, jueza especializada en violencia de género).
De momento, la ley de seguridad Ciudadana (2015) persigue al cliente que pague por sexo en vía de tránsito público, como parques o colegios donde puedan circular menores o cuando exista un peligro evidente para la seguridad vial.
En los próximos meses la ley podría ser mucho más contundente y España podría dejar de ser un feudo para la prostitución. Parece claro, si el sexo y el dinero mueven el mundo, juntos hacen de él un lugar mucho más feo.
