La Universidad Rey Juan Carlos ha solicitado cuatro años de prisión para Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, por presunta falsificación de documento público, en referencia al acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Con ese documento, Cifuentes quería demostrar que había realizado la defensa de ese trabajo final ante un tribunal.

La universidad, que se ha presentado como acusación particular, también pide cuatro años para el exdirector del Instituto (que ya está cerrado) que impartía el máster de Cifuentes y presunto líder de la trama, Enrique Álvarez Conde, la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad, Teresa Feito y la profesora que reconstruyó el acta a instancias de Álvarez Conde, Cecilia Rosado.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, procesaba el pasado 28 de noviembre a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por los delitos de falsedad documental, por ese máster que cursó en 2011-2012 en la URJC.

Procesaba además al exdirector del Instituto, a Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de Cifuentes, María Teresa Feito.

La jueza cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster, cuando eldiario.es publicó esa noticia el 21 de marzo de 2018. Esta habría contactado con Álvarez Conde para que creara o diera instrucciones de crear los documentos que justificaran que Cifuentes había cursado el máster. A su vez, Álvarez Conde pidió a Cecilia Rosado que ese mismo día creara una supuesta acta de defensa del trabajo de fin de máster. Ella se inventó la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal, y falsificó la firma de dos profesoras como miembros del tribunal, según la magistrada. Cecilia Rosado contó a la jueza que recibió "múltiples llamadas" de Feito el 21 de marzo exigiendo que hiciera el acta y anunciando represalias si no lo hacía.

Las explicaciones de Cifuentes en sede judicial no habrían resultado creíbles, según la magistrada, porque además no pudo presentar ningún documento relacionado con el trabajo de fin de máster, ni siquiera un correo electrónico. Tampoco hay indicios de que Cifuentes defendiera el trabajo de fin de máster.

La magistrada insistía además en agosto, en un texto enviado al Supremo, en que el catedrático solo se dirigía a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con él. Se citan nombre como el actual presidente del PP, entonces diputado autonómico y líder de Nuevas Generaciones, Cristina Cifuentes o Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Generalitat valenciana en la etapa de Francisco Camps. También el de María Mateo, hija de Teresa Feito, que fue asesora de la última presidenta de la Comunidad de Madrid.

En septiembre el Supremo rechazaba investigar a Pablo Casado por su máster. El alto tribunal veía indicios de que el líder del PP pudo recibir un "trato de favor", pero decía que eso no sería delito.

También se archivó la investigación a la exministra de Sanidad, Carmen Montón, por las irregularidades detectadas en el título de Estudios Interdisciplinares de Género, que obtuvo la socialista en el mismo instituto.

La comisión de investigación se retrasa


La Comisión de Investigación sobre los supuestos fraudes en la Universidad Rey Juan Carlos se retrasa hasta febrero. Ciudadanos (grupo impulsor de la iniciativa) y de Podemos querían una primera sesión en diciembre y otras dos extraordinarias en enero. Pero ese calendario no ha salido adelante. El Partido Popular y el Partido Socialista han decidido tumbarlo en la Mesa de la Asamblea, celebrada este lunes. Según los dos partidos, no hay urgencia en que se celebre esa comisión.