Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprueban nuevas sanciones económicas a Venezuela, que incluyen el embargo de armas, y responsabilizan a las elecciones regionales del mes pasado de profundizar la crisis en el país por sus “numerosas irregularidades”. A pesar de esta postura, los miembros del bloque se abstienen de señalar a individuos concretos, preocupados de no presionar a Caracas hacia el colapso político y económico.

El titular español del ramo, Alfonso Dastis, asegura que el objetivo es “buscar el diálogo entre el gobierno y la oposición para encontrar una solución democrática y pacífica”. En un comunicado conjunto, los 28 aseguran que la base legal para las prohibiciones de viaje individuales a la Unión Europea y la congelación de los activos en la eurozona "se utilizarán de forma gradual y flexible y pueden ampliarse".

Los ministros de la UE decidirán a quién sancionar en una etapa posterior, pero reconocen que se centrarían en las fuerzas de seguridad y ministros e instituciones gubernamentales acusados de violaciones de derechos humanos y "el incumplimiento de los principios democráticos o el estado de derecho".

Por otro lado, el gobierno venezolano recibe este lunes en Caracas a inversores en bonos venezolanos para comenzar la negociación de la reestructuración de la deuda, en un día clave para cumplir con el pago de los compromisos financieros aplazados que podrían colocar al país o a la petrolera estatal en incumplimiento. En este contexto de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, y ahora también por Bruselas, muchos acreedores se han mostrado reacios a acudir al encuentro del presidente Nicolás Maduro. En el estado norteamericano quienes operan en ese país y poseen bonos venezolanos no podrían aceptar nueva deuda venezolana como resultado de alguna renegociación sin contar con el aval del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, el encuentro de hoy es clave para comprender la estrategia del Ejecutivo, que ha esperado al último día de plazo para negociar los casi 300 millones de dólares en intereses que tiene pendientes con sus acreedores. Si PDVSA o el Gobierno incumplen alguno de esos pagos entrarían en suspensión de pagos, aunque Maduro ha dejado claro que la “estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa”.

Mientras continúan las conversaciones, la incertidumbre sobre la capacidad de Venezuela para pagar se incrementa, especialmente desde que el mes pasado el Gobierno retrasara el abono de cupones de bonos por valor de 750 millones. Recientemente, la estatal petrolera también ha retrasado la amortización de unos 1.100 millones de dólares de capital por un título vencido durante más de tres días, postergando el abono de los intereses para los próximos 30 días.

El país latinoamericano no tiene más vencimientos en 2017, pero el próximo año hay elecciones presidenciales y Venezuela enfrenta pagos de deuda por valor de 9.000 millones de dólares.