El Gobierno japonés ha sacado hoy a Corea del Sur de su lista de socios comerciales preferentes. Más de un millar de productos nipones se verán afectados por estas trabas, que impactarán en industrias surcoreanas clave como la del automóvil o la petroquímica.

La medida amplía las limitaciones que Tokio aplica desde comienzos del pasado julio a los materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria.

Según Tokio, toma estas medidas porque Seúl no es capaz de garantizar que estos materiales no sean utilizados con fines militares por terceros países. Corea del Sur considera que se trata de una represalia de Japón por una disputa que tiene sus orígenes en la colonización nipona del país vecino entre 1910 y 1945. El presidente de Moon Jae-in califica la decisión de "irresponsable e injusta¨, y adelanta que Seúl reaccionará con severidad. Acusa a Japón de "atacar deliberadamente a la economía nacional" y advierte de que Seúl dispone de "métodos" para responder que podrían causar "enorme daño" a Japón.

En Seúl se teme que las restricciones niponas que entraron en vigor en julio bloqueen el suministro de materiales y componentes para la producción de memorias DRAM, cuya cuota de mercado global corresponde en un 70 % a empresas surcoreanas, y a la propia economía nacional, cuyo músculo exportador depende en un 25 % de los semiconductores.

La medida entrará en vigor el próximo 28 de agosto y pone fin al estatus del que disfrutaba Corea del Sur, junto con otros 26 países, para acceder a procedimientos simplificados para la compra de materiales y tecnología de origen japonés susceptibles de uso militar .

Esta decisión deteriora aún más las relaciones bilaterales entre Tokio y Seúl, que atraviesan su peor momento de las últimas décadas, y podría tener impacto también en otros ámbitos de colaboración como la seguridad y defensa.

El origen del conflicto

En 2018 el Tribunal Supremo de Corea del Sur sentenció que las empresas japonesas con presencia en el país surcoreano fueran obligadas a pagar compensaciones a los ciudadanos coreanos que fueron esclavizados por estas compañías durante la Segunda Guerra Mundial.

Con base en el tratado de 1965 Japón, que colonizó la península coreana entre 1910 y 1945, donó 300 millones de dólares a las víctimas, dinero que la dictadura militar de Park Chung-hee no hizo llegar a todas, motivo por el cual miles de ellas denunciaron recientemente al Gobierno de Corea del Sur.