"El Real Decreto-ley 13/2018, aprobado en septiembre pasado, privará a los VTC actuales de la posibilidad ofrecer recorridos urbanos y aumentará la segmentación del mercado por comunidades autónomas. Estas limitaciones serán efectivas tras finalizar el periodo transitorio previsto (4 años), pero empezarán a generar efectos negativos para los usuarios desde mucho antes. De esta forma, los clientes se verán perjudicados por la pérdida de competencia, que se traducirá previsiblemente en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad de los servicios de taxi y VTC.
El Real Decreto-ley, que puede todavía modificarse ya que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, abre la puerta también a la intervención de comunidades autónomas y entidades locales.
La CNMC recuerda que toda regulación económica debe seguir los principios de buena regulación y que solo debe restringir la competencia y la libertad de empresa para proteger el interés general y de manera proporcionada. Cuando la normativa no respeta estos principios, perjudica innecesariamente a los ciudadanos.
Estos planteamientos ya se expresaron en la Declaración conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia de 29 de octubre de 2018 (formado por representantes de la CNMC y las Autoridades de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco).
Enfoque global de la actividad
Por ello, la CNMC recomienda adoptar un enfoque global de la actividad de transporte en vehículos de turismo, de forma que la regulación aplicable tanto a taxis como a VTC respete los principios de buena regulación económica, en beneficio de los consumidores y usuarios.
En su informe, la CNMC efectúa una serie de recomendaciones concretas, dirigidas tanto a las Cámaras Legislativas como a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para mitigar el potencial impacto negativo sobre la competencia del citado Real Decreto-ley 13/2018. Las principales recomendaciones son las siguientes:
- Desarrollar normativa autonómica a la mayor brevedad para que puedan seguir prestándose servicios VTC urbanos en el futuro.
- Evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento.
- Flexibilizar la regulación del taxi, eliminando todas las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio.
- Revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC.
- Posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar servicios no solo en su Comunidad Autónoma de origen de manera flexible.
- Propiciar la máxima coordinación entre Administraciones y la buena regulación económica, con el fin de evitar mayor segmentación del mercado.
Asimismo, recuerda que tanto las Cámaras Legislativas como las Comunidades Autónomas y las Entidades locales pueden solicitar la asistencia técnica de la CNMC y de las autoridades de competencia autonómicas para minimizar el impacto negativo de sus regulaciones sobre consumidores y usuarios.
La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
