Cuando aumenta el paro, aumenta la probabilidad de que una persona acepte un pago de dinero "negro", sobre todo si se encuentra en situación de desempleo, un 35%. Teniendo en cuenta que los jóvenes han sido los más afectados por la crisis del coronavirus, dada la precariedad de sus trabajos, han tendido a percibir parte del sueldo oculto. Según el Informe de InfoJobs sobre Salarios en B, un 25% de los menores de 24 años asegura haber recibido parte o todo su salario en "negro" durante los últimos tres años.
España se sitúa a la cabeza de los países europeos occidentales en cuanto a economía sumergida. Esta ocupa entre el 15 y el 25% del PIB, sabiendo que 1 de 5 españoles estaría dispuesto a cobrar en "negro".
Diferenciando por sexos, en los últimos tres años el 15% de las mujeres ha percibido más de la mitad de su salario oculto, frente a un 7% de los hombres.
Por regiones autonómicas, el Informe refleja que los andaluces son los españoles más dispuestos a percibir dinero en "negro" (24%). Resulta pertinente destacar que Andalucía es una de las comunidades con tasas de paro más elevadas. En el lado opuesto se encuentran los trabajadores del País Vasco (19%) y la Comunidad de Madrid (20%).
Motivaciones para el cobro en negro
El estudio añade que existen varios condicionantes clave para el cobro en B. En primer lugar, que las empresas no dan otra alternativa (50% de los encuestados). El segundo motivo más común es que los salarios son tan bajos que los trabajadores necesitan complementarlos en la economía sumergida. Solo un 12% asegura que percibe dinero oculto para no pagar impuestos desproporcionados y un 6% para no perder la prestación por desempleo.
De esto se puede deducir que luchar contra la precariedad y el desempleo es luchar también contra los negocios ocultos.
Consecuencias de los ingresos irregulares
El principal problema de los agentes que cobran en negro es que pueden perder parte o la totalidad de su derecho a paro, recibir menores prestaciones de la Seguridad Social y puede afectarles a su jubilación. Esta práctica repercute directamente en la política económica, pues, a mayor dinero sumergido, mayor dificultad para estudiar la situación y establecer soluciones al respecto.
