Alberto Fernández ya es oficialmente el nuevo presidente de Argentina y en su primera intervención ya ponía el foco en la deuda y levantaba las alarmas sobre un posible default. ¿La historia se repite?
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El peronista juró su cargo ante la Asamblea Legislativa y con el país en una situación económica muy delicada, estas palabras hicieron saltar las alarmas:
"El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de la capacidad para hacerlo".
Fernández desechó el presupuesto redactado por el gobierno saliente. El motivo es que considera que no se pueden hacer proyecciones económicas sin resolver el problema de lo que debe a sus acreedores.
Su objetivo es renegociarla con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. El proyecto del gobierno peronista se centra en conseguir que el FMI aplace por dos años el reembolso de principal e intereses, para dedicar esos 24 meses a recuperar una cierta estabilidad y relanzar una economía que no crece desde 2010.
En 2020 el país afronta vencimientos por más de 58000 millones de dólares, más de 36000 en 2021 y casi 50000 millones en 2022, sumando deuda en dólares y en pesos. El total asciende a más de 300000 millones de dólares.
La historia de la deuda del país y los impagos se remontan a casi 200 años. En su historia ha entrado 8 veces en default. Dos en el siglo XIX, cuatro en el siglo XX y dos en lo que va del siglo XXI.
La crisis de 2001: del corralito a suspender pagos
La más sonada fue la crisis de 2001. A comienzos de diciembre el FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina. En ese momento, la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a 81.800 millones de dólares desde el inicio de la crisis.
El 2 de diciembre, se anunció el "corralito", que impedía extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana.
El presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declaró la mayor moratoria de la historia, de 100.000 millones de dólares incluyendo intereses. Una semana después renunció al cargo.
Esta suspensión de pagos representó el 166% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En 2001, casi la totalidad de la deuda estaba nominada en dólares.
Los mayores bancos de inversión, al igual que grupos de tenedores individuales aceptaron un canje (swap) de bonos viejos en default por nuevos.
Entre 2005 y 2010 se adhirieron 93% de los tenedores de bonos (bonistas), con rebajas de entre 45% y 70% de los adeudos.
