Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 quedan prorrogados definitivamente para 2018, debido a la falta de apoyos como el PNV, que no los votarán hasta que se solucionen los problemas con Cataluña. Lo más probable es que se mantenga el objetivo de déficit de este año, del 3,1%, para el próximo ejercicio. Así lo ha confirmado a Capital Radio César Molina, matemático y economista, que asegura que el retraso no llevaría ya a un problema económico sino político.



Si el año pasado fue la complicada situación política y la repetición de elecciones lo que dificultó al Gobierno tramitar de manera ordinaria los presupuestos, esta vez también parece imposible que las cuentas se tramiten a tiempo. La crisis en Cataluña se sitúa como una de las principales causas que están impidiendo el consenso entre el Gobierno y partidos como el PNV, que se niega a respaldar cualquier documento hasta que no se solucione el problema. Las dificultades del Gobierno para encontrar apoyos ya han retrasado la aprobación del proyecto en dos ocasiones, cuando la fecha inicial era para el 22 de septiembre y más tarde para el 29 del mismo mes.


El Ministro ha explicado que de no estar aprobados los presupuestos el 1 de enero de 2018, se prorrogarían automáticamente los del presente año, como establece la Constitución, hasta que se aprueben y apliquen los nuevos. A nivel práctico no tendría gran efecto, como el caso de los presupuestos de 2017, que no entraron en vigor hasta el 1 de julio, pero si emitiría un mensaje de debilidad por parte del Ejecutivo descartando además la posibilidad de poder recurrir más adelante a otra prórroga.


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se ha pronunciado sobre el asunto asegurando estar hablando con diversas fuerzas políticas en búsqueda de apoyos, con confianza en su próxima aprobación. En cualquier caso, no estaría en su horizonte adelantar las elecciones, sea cual sea el resultado de las negociaciones.


Montoro ha invitado también al resto de fuerzas políticas, incluidos PSOE y Podemos, a sumarse a los apoyos para aprobar los presupuestos,  asegurando que en su contenido incluyen "subidas salariales para funcionarios y oferta de empleo público" así como una nueva financiación para las administraciones territoriales.


Desde el ministerio de Hacienda han evitado escudarse en el rechazo del PNV para justificar el retraso en la aprobación de los presupuestos, aunque el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, consideraba que eso no debía impedir que el ejecutivo central cumpliera con sus compromisos en lo referido a la mejora del cupo vasco o el impulso de su línea ferroviaria, pactados cuando los nacionalistas vascos apoyaron la cuentas de 2017.


El Partido Popular, eso sí, ya ha llegado a un pacto con Ciudadanos que incluye una rebaja fiscal de 2.000 millones de euros en el IRPF para rentas del trabajo hasta 17.000 euros y discapacitados. El acuerdo también incluiría ampliar 5 semanas la baja por paternidad y rebajar del 21% al 10% el IVA del cine. Rafael Hernando ha manifestado que el tratado con la formación naranja supone “un gran paso” para sacar adelante los presupuestos, aunque indudablemente necesitan más votos. Albert Rivera ha asegurado que el proyecto contará con 8.300 millones de euros en partidas relacionadas con las peticiones de su partido.


Los presupuestos cuentan además con el apoyo seguro, aunque no suficiente, de Coalición Canaria, partido con el que el Gobierno ya firmó un acuerdo para garantizarlo a cambio de una mayor dotación de inversión pública para el archipiélago. Canarias recibirá 220 millones más este año, 360 millones en 2018 y 550 millones en 2019. En total 1.130 millones de euros. Además, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba que de esa forma, Canarias se sentaría en la mesa de la negociación de la financiación autonómica en "las mismas condiciones" que el resto de las comunidades.


El PSOE por su parte se encuentra trabajando en unos presupuestos alternativos a los del Gobierno que incluirán una reforma fiscal “en profundidad” dirigida sobre todo a las rentas más altas. Los socialistas, que se opusieron al techo de gasto en la cámara baja, consideran que los problemas y tensiones presupuestarias no se deben ya a un gasto excesivo, sino a unos ingresos insuficientes. Su intención, aseguran, es equiparar progresivamente el sistema tributario español al de los países de su entorno, apostando por una mayor redistribución de la riqueza y la equidad, así como potenciar la lucha contra el fraude fiscal.


César Jiménez, portavoz de Podemos en Valencia, y siguiendo la línea de la formación morada en el rechazo de los presupuestos, aseguraba que todo se debe a la falta de voluntad para discutir un modelo de Estado y de financiación entre todas las partes sin la sensación de amenaza que tienen en algunos territorios si no se atienen estrictamente a lo que dice el Gobierno español.


Montoro insiste en no poner a Cataluña constantemente como excusa, asegurando que todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo, y de las condicionalidades que supone esta situación para cada grupo parlamentario. A partir de que se supere esta situación, tendrían los Presupuestos habilitados para 2018.