Esta cifra podría escalar hasta los 14.100 millones si se añaden los 2.500 millones que se ingresarían por las medidas de ahorro, eficiencia y calidad del gasto público, así como los 1.900 millones por elevar el IRPF a las grandes fortunas con un nuevo tramo en la escala de gravamen de la renta general del 22,5% al 26,5% para bases liquidables a partir de 150.000 euros anuales y el aumento de tipos de la renta del ahorro de los grandes patrimonios.
También ha avanzado la aprobación de un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que haya nuevas amnistías fiscales y con la que espera recaudar 1.500 millones.
Gestha considera que hay margen para estas subidas de impuestos, pues la brecha de presión fiscal española con respecto a la UE-28 se sitúa, anualmente, en los 61.798 millones; y asciende hasta los 75.822 millones respecto a los 19 países de la Zona Euro.
Los técnicos de Hacienda opinan que antes de subir los impuestos habría que exigir su pago a quienes no los abonan o los eluden, teniendo en cuenta que la economía sumergida española se estima en un 24,6% del PIB. Y es que la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones inferior a la media ponderada europea, además de debilitar nuestras cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento.
