El Consejo de Ministros aprueba garantizar el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica mediante un Real Decreto-Ley que supone la trasposición a la legislación española de una Directiva europea.

Esta cuenta de pago básica, que deberán ofrecer todos los proveedores de servicios de pago, tendrá que garantizar servicios como la domiciliación de recibos, el uso de tarjetas de débito o prepago, las transferencias, los depósitos de fondos y la retirada de efectivo en la entidad o en cajeros. Este decreto ley permitirá que "cualquier ciudadano" pueda abrir una cuenta de pago.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima, "razonable". Las entidades solo podrán denegar el acceso a las cuentas de pago básicas en casos "muy tasados", por ejemplo, por el riesgo de blanqueo o financiación del terrorismo, aunque también si el cliente ya es titular de una cuenta que permite los mismos servicios.

La norma española va más allá de la directiva europea al permitir a los consumidores la cancelación de cuentas en 24 horas. Al margen de este real decreto ley, la reunión de ministros de hoy ha servido para dar luz verde a otra norma que obliga a las sociedades anónimas cotizadas a informar de la política de diversidad aplicada en la elección de su consejo de administración.