No fue Donald Trump, sino su fiscal general, Jeff Sessions, el que anunció el fin del programa DACA que abre la puerta de salida a unos 800.000 jóvenes inmigrantes que viven en Estados Unidos. “El interrogante ahora es conocer por qué Trump enciende esta hoguera en este momento tan delicado de su mandato”, señala en Capital Radio José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares.



Esta decisión, que tendrá una prórroga de seis meses, dejará en la ilegalidad a los conocidos dreamers sin sus estudios y trabajos, una decisión que ha provocado el rechazo total del sector tecnológico estadounidense. “Las razones no son de mucho peso y además son inconstitucionales”, destaca Gurpegui.

“El impacto en las deportaciones será mínimo. Nuestro foco se centra en criminales, personas con órdenes judiciales y aquellos que han regresado tras su expulsión", ha asegurado esta mañana un responsable del Departamento de Seguridad Interior

Sin embargo, para el director del Instituto Franklin la aprobación “tiene que ver con los presupuestos y la partida para la construcción del muro”. Aunque “se calcula un impacto negativo de $63MM en la recaudación de impuestos, si se aplicara literalmente el fin del #DACA”, añade.

Los beneficiados por el programa DACA deben haber entrado en EEUU con menos de 16 años y vivir permanentemente en el país desde 2007. También se les exige que carezcan de antecedentes y que estudien o tengan el bachillerato acabado. A cambio se les permite trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito.