El Govern de Catalunya ha acordado este martes iniciar las acciones legales contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez con el objetivo de reclamarlo los 1.317 millones de euros pendientes de pago que Hacienda le debe a la comunidad autónoma en concepto de financiación de 2019.
Meritxel Budó, consellera de Presidencia y Portavoz del Govern asegura que el actual gobierno en funciones trata de “vulnerar e inclumplir la ley” así como las obligaciones que desde Madrid tienen para con la Generalitat.
Budó confirma que la reclamación total de 1.317 millones de euros se corresponde con los ingresos procedentes de la mayor recaudación de 2019 y el IVA de 2017 que "se tenía que haber liquidado en aquel ejercicio".
La medida, aprobada esta mañana en el Consell executiu llega apenas una semana después de que el vicepresidente y conceller de economía, Pere Aragonès anunciara que la Generalitat se planteaba demandar el Estado por unos retrasos que “afectan a la prestación de los servicios en Catalunya”.
Aragonès apunta a que el gasto corriente de la administración catalana superará en mil millones la de 2018 marcando unos máximos históricos a los que la autonomía no puede hacer frente de manera aislada.
No obstante, y ante el riesgo de que la recaudación tributaria del Estado quede retenida en los próximos meses con un ejecutivo en funciones la Generalitat marca una prioridad en proteger los servicios mínimos que garanticen “el Estado del Bienestar de Catalunya”.
Aragonés advertía que "no hacer nada provocaría tensiones tesoreras, una desviación del déficit muy importante, el incumplimiento de compromisos de pago y, finalmente, un recorte lineal de gasto que no haremos".
Además, se confirma lo que se temía, que la situación de una nueva prórroga presupuestaria en la que está instalada Catalunya desde hace ya dos año será insostenible en el ejercicio de 2020.
