El Banco de España ha presentado su informe anual correspondiente a 2019. En esta ocasión, se centra de forma monográfica en la evolución de la crisis sanitaria del Covid-19, su impacto económico inicial y las medidas de política económica que se han desplegado para limitar sus efectos. Y según la institución, la economía no se recuperará hasta 2022.
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La institución ha tenido en cuenta un punto de partida de relativa fragilidad de la economía mundial, pero además para España el escenario es especialmente negativo.
Se prevé que, a pesar de que la pandemia remita en la segunda mitad del año y las medidas de contención se relajen gradualmente, se produzca una caída muy acusada del PIB mundial en 2020.
La mayor caída en Europa la registrarán Italia y España, de más del 12% este año. Aunque el impacto será transitorio y la actividad se va a empezar a recuperar en la segunda mitad del año, la institución cree que no se recuperarán los niveles de actividad anteriores a la crisis antes de 2022.
Además señala que existe una elevada heterogeneidad geográfica en el impacto de la crisis y por tanto en la recuperación. Y todo ello dependerá de cómo evolucione la pandemia, la efectividad de las medidas adoptadas y los posibles efectos derivados de las interrelaciones financieras y reales entre los países.
Por ello el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, señala que hay que mantener las medidas adoptadas hasta ahora.
"Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas", apunta Hernández de Cos.
En este sentido añade que "en la fase actual de desescalada, hay que seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas. Y en paralelo, facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia".
"El cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible es uno de los principales desafíos a los que ya se enfrenta nuestra sociedad"
La institución alerta de que en la anterior crisis financiera aumentó la desigualdad, por lo que ahora deben ponerse medidas para evitarlo.
También señala como retos de futuro trabajar por la transición hacia una economía más sostenible, como uno de los principales desafíos a los que ya se enfrenta nuestra sociedad.
Apunta además que la política fiscal tendrá un papel preponderante en esta estrategia y apunta además a que el sector financiero está llamado a desempeñar un papel fundamental en este proceso, para impulsar las inversiones necesarias.
Respuesta europea
El organismo analiza también la respuesta que ha dado la Unión Europea ante la crisis. Bruselas propuso a finales de mayo un fondo de recuperación denominado Next Generation EU.
La financiación del fondo a través de deuda comunitaria se beneficiará del entorno favorable de bajos tipos de interés y aumentará la cantidad de activos seguros a nivel europeo. Además complementa la labor de los canales privados de aseguramiento mutuo (risk-sharing).
Señala además que la reacción del BCE ha sido notablemente más enérgica que tras la crisis financiera de 2008. Se ha centrado en los programas de compras de activos y de provisión de financiación a largo plazo, también, con medidas de flexibilización del marco de colateral.
En todo caso en el siguiente gráfico puede ver cómo la respuesta en cuanto al estímulo fiscal ha sido desigual por regiones.
El Banco de España señala además que la política fiscal debe ser la primera línea de defensa frente a la crisis. "Es la más adecuada para paliar la pérdida de rentas de hogares y empresas con acciones inmediatas, focalizadas y ajustadas a una duración incierta y heterogénea".
También señala que es necesaria una estrategia de crecimiento integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. "Hay que diseñarla y ponerla en marcha con urgencia, dada la gravedad de la situación y la envergadura de los desafíos que afrontamos".
Además, apunta el banco, que el coste económico-social de las altas tasas de paro y temporalidad es enorme. Por ello son necesarias políticas que ajusten la formación de los parados a la demanda empresarial y un reparto equitativo de la protección entre empleo fijo y temporal.
