La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha anulado la sentencia condenatoria anterior y absuelve a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete miembros de su equipo por vender de 5315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a fondos buitre en 2013.

Fue el propio ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, quien puso a denuncia en 2017 por considerar que la operación había ocasionado una pérdida patrimonial de 127 millones de euros a las arcas municipales.

Para colmo, entre estos inmuebles, 1860 viviendas estaban ocupadas por familias necesitadas y muchos inquilinos tuvieron que irse después de que los nuevos propietarios, que eran dos sociedades del fondo buitre Blackstone, subieran los precios del alquiler.

Esta sentencia, que condenaba a los acusados a pagar 22,7 millones de euros, concluía que el núcleo de gobierno de Botella, siete de sus miembros junto a ella misma, estaban implicados en una negligencia grave porque no impidieron el perjuicio en el patrimonio público a la hora de vender estos inmuebles por 128,5 millones, lo que dio lugar a “un menoscabo injustificado en el patrimonio público”.

Según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella tendría que haber ingresado más de 151 millones, aunque no es lo único que determinaba el Tribunal de cuentas el pasado diciembre. En su sentencia también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades en el expediente y asegura que es indefendible que el ayuntamiento no intentase sacar el máximo precio, no estableciese estrategias de publicidad y no realizase una tasación fiable de los bloques durante los 14 días que duró el procedimiento de venta, tiempo insuficiente para preparar una operación de estas características sin previos trapicheos.

La decisión de absolver a Ana Botella ha sido tomada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la sala de enjuiciamiento. Los dos votos que han sumado mayoría a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano.

Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, que a la vez nombraba consejero a Manuel Aznar, cuñado de Ana Botella y muy amigo de Mariscal de Gante. Margarita, por su parte, fue también ministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar.

Por otro lado, el consejero que ha votado en minoría contra la absolución, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, asegura que hubo irregularidades y responsabilidad contable en las ventas de estas casas protegidas ya que las vendieron a un precio menor del establecido por el mercado.

Sin embargo, la nueva resolución defiende que la operación se llevó a cabo mediante concurso público y que fue aprobada sin que le pusieran trabas, por lo que no consideran que exista “negligencia grave” por parte de los ejecutores. Además, menciona la existencia de informes, como el de Intervención Municipal, que no cuestionaban la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra.