Pavel Gómez del Castillo, Responsable Comunicación de Crédito y Caución, CyC, ha presentado el último informe de la compañía respecto a Rusia. Califica de prudente su política económica que le ha permitido mantenerse estable con una gran austeridad fiscal, asilada para conseguir estable la inflación con un objetivo creíble que es del 4%. Una economía aislada que tendrá un crecimiento modesto en 2021.
Una política que viene de la crisis del petróleo del 2014 - 2015, en la que el crudo bajó hasta los 40 dólares el barril. Además se unieron las sanciones de la Unión Europea por la anexión de Crimea.
Por eso destaca que su política es de mantener aislada su economía para evitar la influencia externa. Tiene sus aspectos positivos, pero también negativos. Un control estatal muy fuerte que no ha conseguido reducir la pobreza que se ha incrementado en el último año.
Unas finanzas públicas sostenibles y la reducción de la deuda se pueden apuntar como aspectos positivos señala Pavel Gómez del Castillo. Escucha aquí su intervención en "Capital, la Bolsa y la Vida".
Pavel Gómez del Castillo, Responsable Comunicación de Crédito y Caución, nos presenta el último informe de la compañía en el que se hace un completo análisis de cómo está la economía de Rusia.
El informe completo
En 2020 la economía rusa se vio afectada por una combinación de los bajos precios del petróleo y el efecto negativo de los confinamientos sobre la demanda interna. Sin embargo, las medidas de aislamiento social fueron más breves y menos severas que en otros países, por lo que la contracción del PIB quedó limitada al 3,6%. Crédito y Caución espera que el repunte en 2021 sea igualmente modesto, limitado al 1,9%.
Por eso, la recuperación integral de la demanda interna se verá compensada por la reducción de los estímulos fiscales. Además, la disminución de las prestaciones sociales y otras subvenciones a los hogares podría afectar al repunte del consumo privado, que se deterioró un 6,5% en 2020. Una nueva oleada de la pandemia o la lentitud de la vacunación constituyen frenos añadidos al crecimiento.
El Gobierno sigue aplicando una política fiscal prudente. Tras los superávits anuales de 2018 y 2019, el saldo fiscal se convirtió en un déficit del 5% en 2020, debido principalmente a los bajos precios del petróleo y a los estímulos fiscales relacionadas con la pandemia. Así que la deuda pública aumentó del 14% del PIB en 2019 al 20%. A pesar de que es un nivel relativamente bajo, se espera que Moscú reduzca en gran medida sus estímulos fiscales en 2021, ya que prioriza la preservación de los amortiguadores fiscales como salvaguarda frente a shocks externos, como sanciones adicionales impuestas por la Unión Europea.
Crédito y Caución prevé que las exportaciones rusas aumenten alrededor de un 3% en 2021, tras una contracción del 4,8% el año pasado. El precio del petróleo estará por encima del nivel de equilibrio fiscal a largo plazo de Rusia, 45 dólares, lo que apoyará el repunte de la economía. Respecto a las exportaciones de petróleo y gas representan el 55% del total y cerca del 40% de los ingresos de la Administración. Sin embargo, Rusia sigue comprometida con los recortes de producción en el marco del acuerdo OPEP+.
Estas debilidades estructurales afectan a las perspectivas de crecimiento sostenible de Rusia a medio plazo. Las sanciones internacionales reducirán las entradas de inversión extranjera directa en los próximos años. Atención porque la reducción de la mano de obra, la dependencia de los sectores de recursos naturales, las deficiencias institucionales, el escaso crecimiento de la productividad y un entorno empresarial difícil seguirán frenando el crecimiento.
Sobre el clima empresarial ruso pesa la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, la fragilidad de las infraestructuras de transportes y la falta de competencia de los mercados de bienes y servicios.
Ello constituye un factor de disuasión de las inversiones, muy necesarias para modernizar el sector energético y contribuir a la diversificación de la economía. Esto se ve ahora agravado por las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos, que pretenden impedir la transferencia de tecnología y la financiación a las empresas rusas, especialmente en los sectores energético y militar.
