Los números todavía no dan, pero el presidente del Gobierno mantiene el optimismo en la inauguración del curso político. Los planes de Pedro Sánchez pasan por aprobar los Presupuestos Generales a principios de 2019, un requisito fundamental para mantenerse al frente del Ejecutivo.



En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez ha reconocido que las cuentas del próximo año incorporarán un impuesto al diésel, en línea con los objetivos de lucha contra el cambio climático, y otro a las transacciones financieras. El Gobierno también prevé aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades para que aumente la contribución de las grandes empresas, pero de momento Sánchez no confirma el impuesto a la banca por el que apuesta Unidos Podemos, con quien negocia desde hace semanas.

“Cualquier subida de impuestos a la banca o empresa, al final, supone un impuesto para el ciudadano”, augura César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa Inversión y Finanzas, en Capital Radio. “Las empresas pagan impuestos por los beneficios que generan en los países donde los obtienen. Hay que comparar los beneficios y los impuestos pagados en España y si pagan un poco menos de lo que deberían será porque tienen ventajas a la reinversión de beneficios”, añade.

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, avanzaba en Europa Press este fin de semana que analizan elevar la fiscalidad del ahorro, de modo que los rendimientos de capital sean progresivos igual que lo son los del trabajo. El tipo a aplicar sería más alto cuanto más se ingrese en concepto de rendimientos de capital.

Además, el partido de Pablo Iglesias quiere proponer eliminar las deducciones fiscales por inversiones en planes de pensiones privados, medida con la que calcula se podrían ingresar 2.000 millones de euros adicionales.

El abogado y profesor Fernando Zunzunegui asegura que esta última propuesta supone “penalizar el ahorro de la jubilación” y pide al Ejecutivo centrarse en propuestas que permitan luchar contra la economía sumergida o la ingeniería fiscal, de manera que se llegue a “una reforma fiscal integral para que las compañías paguen en España y podamos financiar nuestro gasto público”.

La vicepresidenta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, María José Villanueva, cree que las medidas económicas del Gobierno deberían ir en la línea de “fomentar la inversión, sobre todo después de que hayan salido del país 11.000 millones de euros en el mes de junio”.