Las autopistas de peaje que durante años han nutrido las arcas de las grandes concesionarias deberían quedarse en manos públicas. Es la primera conclusión del extraño acuerdo que anoche pareció sobrevolar el Congreso de los Diputados, donde la Propuesta No de Ley (PNL) de Unidos Podemos para que esas autopistas no vuelvan a licitarse pareció alcanzar el apoyo de toda la cámara.

El próximo día 21 Fomento comenzará con el rescate de la R-4 a recuperar todas las radiales de Madrid, con un coste tras su quiebra que seguramente superará los 2.000 millones de euros, según datos del ministro del ramo, Íñigo de la Serna. Hasta ahora, el Gobierno sostenía que tras esto muchas de las autopistas se licitarían, logrando un beneficio de entre 700 y 1.000 millones de euros. Una cifra que queda lejos de lo pagado por todas ellas (y no solamente por las de Madrid), y que según las patronales del sector ronda los 8.000 millones de euros.

A la hora de realizar las concesiones, el Gobierno durante estos años se hacía cargo de los beneficios previstos y los sobrecostes, de manera que a cambio de una financiación previa por parte de las concesionarias, se terminaba pagando el precio de la autopista, los sobrecostes y, en última instancia, un beneficio imaginario que nunca se ha llegado a alcanzar pero que el Estado tenía la obligación de cubrir. En realidad, esta misma fórmula es la que se podría utilizar en el nuevo plan de infraestructuras impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En todo caso, tras la votación que anoche se produjo en el Congreso, las autopistas rescatadas podrían quedarse en manos estatales. Al menos, las que el Gobierno tiene contempladas, que serían; la R2 Madrid-Guadalajara, la R3 Madrid-Arganda, la R4 Madrid-Ocaña, la R5 Madrid Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la AP-36 de Ocaña-La Roda, la de Cartagena-Vera (AP-7) y la circunvalación de Alicante. El resto si podrían ser relicitadas tras su asimilación de aquí hasta 2021.