“Los Estados tienen la obligación y responsabilidad de rescatar. Es muy peligroso que estemos lanzado estos mensajes a la ciudadanía y que los lancen los líderes políticos. Generan racismo, odio y rompen la convivencia”, asegura la portavoz de CEAR, Nuria Díaz, en clara referencia a lo sucedido en Italia y Malta con el Aquarius, que finalmente llegó el domingo a la costa valenciana.
Sin embargo, el porcentaje de personas que recibió una respuesta positiva se redujo a la mitad respecto a 2016 y CEAR denuncia que el sistema de tramitación de solicitudes y los programas de acogida están colapsados. España rechaza 2 de cada 3 peticiones de asilo. Es decir, acepta 1 por cada 10.000 habitantes de España, lo que implica que solo 4.670 personas han recibido algún tipo de protección.
La mayoría de las personas que solicitaron asilo el año pasado procedían de Venezuela -aunque un porcentaje minoritario recibió protección-, Colombia, Palestina, El Salvador y Honduras. CEAR también destaca el incremento de solicitantes sirios y el descenso de ucranianos.
Más de 3.000 muertes en el Mediterráneo
A 30 de junio de 2017, según los datos del ACNUR, había más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzada debido a los conflictos, la persecución y la violencia. Esta cifra equivale a la suma de la población de España, Portugal y Grecia. Se trata del mayor éxodo registrado jamás, que tiene en Oriente Próximo, el África subsahariana y países asiáticos como Afganistán o Myanmar sus principales regiones de origen. Ya afecta a una de cada cien personas.
En el caso europeo, se han reducido las llegadas de forma considerable desde el pico de 2015, especialmente a Grecia e Italia. “Ha descendido porque se han firmado acuerdos con varios países, como el polémico con Turquía o los acuerdos bilaterales como el de Italia y Libia. Desciende a costa de dejar a muchas personas atrapadas en países de tránsito”, apunta Díaz.
Con unas políticas migratorias restrictivas que no facilitan la llegada a través de vías legales y seguras la consecuencia directa es la muerte de 3.000 personas el año pasado en el mar Mediterráneo, “la ruta migratoria más peligrosa del planeta”, según CEAR.
Lo sucedido con el buque Aquarius donde viajaban más de 600 personas, incluidas mujeres embarazadas y menores, no es novedoso en la gestión migratoria europea. De sobra es conocida la postura de gobiernos como el de Victor Orbán en Hungría y la reticencia en general de los ejecutivos de la Unión a las políticas de asilo por vías seguras.
“En el seno de la UE la correlación de fuerzas e intereses de los partidos políticos y los gobernantes está evitando que se den pasos que permitan afrontarlo con un enfoque de derechos humanos. Es un juego de ping pong en el que unos Estados se pasan la pelota a otros”, advierte Díaz.
