La Comisión Europea, la CE, propone obligar a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes en la Unión Europea con el fin de luchar contra la evasión de impuestos y pide mejorar la recaudación en unas operaciones ahora difíciles de trazar y sobre las que tener control.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha presentado la propuesta y ha informado de que los proveedores de servicios con criptoactivos, independientemente de dónde tengan su sede y de su tamaño, estarán obligados a informar de las transacciones de clientes que residan en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas.
Estos proveedores son plataformas que permiten la compraventa, gestión, custodia o transferencia, entre otros servicios, de activos como las criptodivisas o las criptofichas de inversión (security tokens).
En algunos casos, precisó Bruselas, esta norma se aplicará también a las transferencias de NFT (tokens no fungibles), un mercado creciente.
Por otro lado, la propuesta comunitaria prevé exigir a las instituciones financieras que informen sobre las operaciones con dinero electrónico y divisas digitales emitidas por bancos centrales, que técnicamente no son consideradas criptoactivos.
Evitar el fraude en el IVA
La Comisión Europea propuso este jueves que plataformas digitales de alojamientos turísticos y de transporte de pasajeros como Uber y Airbnb recauden el impuesto del IVA y lo remitan a las autoridades tributarias cuando los proveedores últimos de dichos servicios no se encarguen de hacerlo.
El Ejecutivo comunitario también propone crear un sistema de información a tiempo real para compras transfronterizas dentro de la Unión Europea a través de emisión obligatoria de facturas electrónicas con el objetivo de reducir el fraude de IVA en este tipo de operaciones.
Estas dos medidas, junto con la creación de un portal único de IVA para el registro de aquellas empresas que venden sus productos en más de un Estado miembro, forman parte del paquete de propuestas de Bruselas para adaptar el sistema del IVA a la era digital, con el que las autoridades comunitarias pretenden aflorar hasta 18.000 millones de euros al año en la próxima década.
