Según ha confirmado la responsable de Desarrollo urbano de Berlín, Katrin Lompscher, Berlín aprueba una nueva ley, otra más para frenar el encarecimiento del alquiler en la capital alemana. Se suma a la limitación de precios ya existente.
Esta ley congela los alquileres durante los próximos cinco años. Con ella, según Lompscher, del partido La Izquierda se "vuelve a equilibrar el nivel de los alquileres en Berlín, que se había desbordado".
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En septiembre, la ciudad de Berlín ya compró 6.000 apartamentos de una gran inmobiliaria por 920 millones de euros. El objetivo era ampliar su parque de vivienda social, para conseguir contrarrestar la subida de precios.
Pero lo cierto es que nada parece suficiente para conseguir contener la subida en la capital, donde el asunto se ha convertido en una de las principales preocupaciones. El Gobierno liderado por Angela Merkel puso en marcha una serie de medidas para evitar el recalentamiento del mercado.
En primer lugar, invertir más en vivienda social. Según los expertos no se está haciendo suficiente en este ámbito, y deberían construirse 400.000 nuevas viviendas en las grandes ciudades.
Se suma a la ley que entró en vigor en 2015
Pero la medida más importante del anterior Gobierno en este ámbito fue el llamado "freno de los alquileres". Es un sistema que limita las subidas de los nuevos contratos al 10% del alquiler medio de la zona en la que se encuentra la vivienda.
La normativa, que entró en vigor en junio de 2015, contenía ciertas excepciones. Sólo podía aplicarse en los contratos nuevos, en zonas tensionadas y si la vivienda no se había reformado. Además se tomaron medidas que penalizaban a los propietarios de pisos vacíos.
Mucho se ha hablado sobre esa ley, se ha dicho por parte de muchos sectores que ha fracasado, porque los precios han seguido subiendo. Pero el Tribunal Constitucional avaló la medida en agosto de 2019.
Una propietaria de Berlín presentó una demanda, alegando que violaba la garantía de la propiedad, la libertad de contrato y, en general, la equidad.
Pero el tribunal no lo entendió así y determinó que es de interés público proteger a los grupos de población económicamente menos favorecidos, que se ven desplazados de los barrios más demandados. También que debe prevalecer el interés general frente al derecho a la propiedad.
