Han tenido que pasar 26 años y varios gobiernos para que el proyecto comúnmente conocido como “Operación Chamartín” tenga luz verde por unanimidad para llevarse a cabo. Se trata de uno de los proyectos urbanísticos más grandes de Europa que rediseñará la zona norte de la capital, desde la estación de Chamartín hasta el enlace con la M-40, lo que se traduce en 5,6km de longitud donde solo encontramos vías y descampados.
La falta de consenso entre los 4 agentes de esta operación ha sido el principal inconveniente que ha retrasado su aprobación. Por un lado encontramos a Adif, propietaria del 60% del suelo, por otro a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y finalmente a DCN (Distrito Castellana Norte), la empresa concesionaria que cuenta con la participación de BBVA, el banco español envuelto en la gran polémica del caso Villerejo y por la cual su presidente Antonio Béjar ha sido dimitido, en un 76% y del Grupo San José, la gran multinacional desarrolladora de proyectos e ingenierías, en el 24% restante, que ahora sube en bolsa un 1% tras la aprobación del macroproyecto urbanístico.
Junto a DCN encontramos varias empresas que participarán en el gran proyecto, tanto públicas como privadas. Entre ellas encontramos a Arcadis, Arup, Cbre, PwC, Rogers Stirk Harbour + Partners, Grant Associates, Evaluación Ambiental o Savills Aguirre Newman entre otras.
No obstante, a lo largo de estos 26 años sí ha habido consensos pero en ambas ocasiones ocurrió algo que lo detuvo inmediatamente: en 2004 el fatídico atentado 11-M nubló la firma del acuerdo mientras que en 2008 el desplome de Estados Unidos y la Gran Recesión en la que derivó paralizaron las firmas. Sin embargo, el gobierno de Manuela Carmena (2015-2019) estuvo cerca de conseguirlo, reformó la propuesta de la anterior alcaldesa, Ana Botella, pero se encontró con la negativa de algunas asociaciones vecinales.
Aunque estos hechos no han sido los únicos inconvenientes para el proyecto: el espacio edificable y con él su estructuración, el número de viviendas a construir y cuántas estarían destinadas a Protección Oficial, las zonas verdes y el impacto ambiental han estado sobre la mesa a lo largo de este cuarto de siglo con numerosos cambios.
El proyecto final aprobado hoy abarcará esos 5,6km de distancia y costará unos 7.300 millones de euros. Conllevará por tanto obras a lo largo de unos 3,3 millones de metros cuadrados, que contarán con el soterramiento de las vías férreas, la construcción de oficinas, viviendas, conexiones con otros distritos, equipamiento público, amplias zonas verdes y más transporte público.
Por su parte, el ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros para la ciudad y la creación de 241.700 nuevos empleos. Las obras arrancarán según se estima a finales del próximo 2020 e irán por fases, por lo que se estiman otros 24 años para su finalización.
