128 millones es la cantidad que tendrá que pagar España por los recortes aplicados a las renovables desde 2010, tras haber perdido el primero de los arbitrajes internacionales de la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial. Una cantidad que podría aumentar, ya que el laudo crea un precedente para las más de 30 demandas puestas contra el Estado.

El Ciadi da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg. Invirtieron más de 900 millones en 2007, año en que se aprobó un real decreto para favorecer el impulso de las energías renovables y despegó la inversión. Después llegaron los recortes, primero con el PSOE a finales de 2010 y después con el PP, en 2013, y muchos con carácter retroactivo. Ahora, los inversores nacionales, y desde Anpier los más de 60.000 pequeños inversores de la fotovoltaica, piden la misma indemnización.

El Gobierno estudia reclamar la sentencia y el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez Aroca, cree que es un error y pide diálogo para que cambie la política sobre las renovables. Además, augura un "futuro incierto" para las renovables en España bajo el Gobierno popular con quien se muestra muy crítico. Argumenta que mientras se aplicaban recortes con carácter retroactivo en las renovables el Ejecutivo favoreció "la generación de origen fósil, de origen contaminante" en manos de las grandes empresas del sector.