La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevará al Gobierno a los tribunales por la conocida ley “anti-Uber”, que blinda el sector del taxi. Se trata de la normativa de vehículos de alquiler con conductor aprobada por el Ministerio de Fomento a finales de 2015 que afecta principalmente a compañías como Uber y Cabify.

El superregulador ya envió el pasado enero un requerimiento al Consejo de Ministros en el que le instaba a modificar el real decreto de regula el negocio de vehículos con conductor (VTC) al considerar que incluía restricciones a la competencia que recortaban el bienestar general de los consumidores.

Entre otros aspectos, estas normativas fijaban que para acceder a los vehículos con conductor se debía contar con un contrato previo al inicio del servicio y una autorización para ejercerlo.

Competencia señala además las restricciones geográficas a la prestación del servicio recogidas en esas normativas o el establecimiento de una serie de barreras "innecesarias y discriminatorias" para los nuevos entrante. Según el organismo “reducen la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros, afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y, en definitiva, al bienestar general”.

Esta sentencia se produce después de que Uber retomara su actividad en España el pasado 30 de marzo con uberX que, a diferencia de su polémico servicio entre particulares Uberpop, ofrece a los usuarios la posibilidad de desplazarse por Madrid con conductores profesionales que disponen de licencia VTC.

En caso de que la Audiencia Nacional diera la razón a la CNMC podría acabar con el ratio de licencias entre taxis y VTC. Esto incrementaría entrada de muchos más coches de Cabify y Uber en territorio español.