Los títulos de la “vieja” Pescanova se mueven esta mañana en rangos muy estrechos, cotizan a 0,44 euros, y en lo que llevamos de año acumulan una caída superior al 20%.
La llamada vieja Pescanova regresó al parqué en junio de 2017 después de cuatro años suspendida de cotización y sus acciones sufrieron en ese momento un desplome que llevó a sus títulos desde 5,91 euros hasta 27 céntimos por acción.
El grupo entró en concurso de acreedores en 2013 cuando se detectaron numerosas irregularidades contables en la firma y tuvo que hacer frente a un fuerte proceso de reestructuración que le llevó a 2015 a dividirse en dos: la parte productiva, Nueva Pescanova, que se quedó en manos de la banca acreedora, y Pescanova S.A que quedó en manos de los accionistas originales.
Pescanova S.A es una sociedad de cartera sin actividad real y su principal activo es la participación que tienen en Nueva Pescanova (un 1,65%) con la que sigue enfrentada en varios procesos judiciales.
Ahora, siete años después de la quiebra, sus máximos responsables entre 2009 y 2013 se sientan en el banquillo. El juicio arranca este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y se prolongará hasta marzo. Por ahí desfilarán 19 acusados entre los que destaca el que fuera presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, al que el fiscal considera el líder de un entramado dirigido a ocultar la deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores.
También se sentarán en el banquillo su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de maquillar las cuentas de la empresa entre los años 2009 y 2012 para ocultar pérdidas.
La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y una multa superior a los 22 millones de euros; 13 años y medio para su hijo y para el que fuera consejero delegado Alfonso Pérez Andrade, 12 años y seis meses de cárcel.