Los 10.000 millones de euros del Gobierno en ayudas a las empresas están plagados de incógnitas. ¿Pretende Pedro Sánchez hacer nacionalizaciones encubiertas con este nuevo decreto? ¿Puede el Gobierno irrumpir en el capital de cualquier empresa? ¿Quién tiene la última palabra para decidir si el Estado entra en una compañía?
Te explicamos lo que dice el BOE en este podcast de Expediente Abierto.
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Para hacernos una idea de la magnitud de los 10.000 millones en los que está valorado el fondo, cabe destacar que si el Estado decidiera utilizar el 100% de esos 10.000 millones de euros para invertir en el accionariado de empresas del Ibex, solo controlaría algo más del 2% de las empresas del índice.
Pero hay otro modo de presentar la cifra. Esos 10.000 millones de euros es lo que valen, en su conjunto, las siete empresas del Ibex de menor capitalización. Desde ENCE hasta CIE Automotive.
Si podría o no el Estado controlar al 100% una empresa gracias a este fondo es una duda que no se resuelve en el BOE. Sin embargo, se puede entender que no debido a otra disposición del decreto.
"La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición", afirma el Real Decreto-ley 25/2020 en el artículo 2.14.
Una de las lecturas del levantamiento de la obligación de lanzar una OPA si el Estado supera el 30% de participación en una empresa puede ser que la intención del Ejecutivo no es controlar una compañía.
Otra lectura puede ser que cuanto más porcentaje pueda acaparar sin 'líos' como las OPAs, mejor inversión: más dividendos y más capacidad de decisión en las compañías.
Sin embargo, aquí surge otra gran duda que se resuelve en el BOE: ¿puede el Estado entrar en el capital de la empresa que le plazca? “Las operaciones con cargo al Fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa interesada”. Dicho de otro modo, el Estado no puede entrar en el accionariado de una compañía si esta no se lo ha solicitado.
Penúltima pregunta: ¿Quién decide si se le da o no la ayuda a la compañía, es decir, si el Estado invierte o no en esa empresa? Según el BOE, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros. "La competencia para resolver sobre las solicitudes del apartado 2 de esta disposición corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones", explica el BOE.
Y última incógnita: ¿Quién será la primera salvada por los 10.000 millones de Pedro Sánchez?
