La inversión estatal que alimenta el sistema de ciencia y tecnología o lo que es lo mismo la I+D+i mantiene niveles de 1999. Esta es una de las principales conclusiones del I Informe sobre la ciencia y tecnología en España firmado por 12 científicos para la Fundación Alternativas.
Según, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016 la inversión estatal en I+D alcanzó los 13.000 millones de euros, lo que supone el 1,2% del PIB nacional. Una caída del 0,2% en comparación con los datos de 2010 en plena crisis económica y muy lejos del 1,5% del PIB del máximo marcado antes de la crisis económica. “Es muy grave. Se han reducido en un 60% las patentes españolas internacionales y nos va a costar muchísimo dinero, porque vamos a tener que comprar cosas fuera y pagarlas”, explica en Capital Radio Vicente Larraga, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del informe.
Según datos de Pons IP y que recoge datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), las solicitudes de registro de patente nacional cayeron a 2.285 en 2017, un 19,8% menos respecto a 2016 cuando se llegaron a registrar 2.849. “Nos hace falta cultura de patente. Somos científicos maravillosos y nos falta ser innovadores y nos midan por ello. No tenemos inquietud por protegerlo”, puntualiza la directora de patentes de Pons IP, Patricia Ramos.
Pons IP
La evolución de la solicitud de marcas en España es un indicador habitualmente asociado a la evolución económica. “Hace falta una apuesta o una inversión en esto”, añade Ramos. Un estudio publicado por la Fundación COTEC demuestra el abandono en la inversión I+D que señala que los recortes acumulados desde 2010 son cercanos al 50%, por encima de los anunciados del 30%.
Además, la Unión Europea invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, España un 10% menos. “España durante la primera década del siglo XXI experimentó un proceso de notable convergencia con Europa en I+D+i. Desde el 2000 conseguimos recortar hasta 2008 en torno a 20 puntos de convergencia en torno a la Unión Europea. Fue responsabilidad compartido con lo público y con lo privado”, señala Aleix Pons, director de Economía y Finanzas de Cotec.
Y, ahora, la responsabilidad de la diferencia también es compartida. “En el sector privado tenemos algunas debilidades estructurales, que tiene que ver con la estructura tan atomizada de nuestra economía. Este hecho impacta en el gasto en I+D+i como en otras variables”, apunta Pons.
Aunque en 2016, la inversión privada en I+D+i creció un 3%. Sin embargo, El sector privado español debería invertir casi el doble en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), aunque en la actualidad sólo financia por valor de algo más de 6.000 millones de euros.
Obra Social La Caixa
La mitad de lo que supone la media europea que alcanza los 11.500 millones de euros, según el informe La investigación en España: las actitudes de empresas, gobiernos y ciudadanos, incluido en el tercer dosier del Observatorio Social de 'la Caixa' Investigación e Innovación: ¿qué nos jugamos?
En el conjunto de la Unión Europea, las inversiones de las empresas en I+D ascienden al 1,07% del PIB, en España la cifra se queda en el 0,57%, advierte un estudio del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC recogido en el texto de la Caixa. “Las grandes empresas tienen sus políticas de investigación. En las mayores empresas tienen claro, no todas, que su futuro está en la investigación y lo que hacen es colaborar con institutos públicos y eso hay que fomentarlo y trabajar durante años y eso ahora no se hace”, comenta Larraga.
"No hay recetas mágicas", explica el investigador del CSIC. La clave está en financiar proyectos de una calidad media alta, "porque hacen una labor esencial captan y forman personal".
La fuerza laboral es otro de los déficit que presenta el sector de la investigación española. "Crear y formar un investigador se tarda 8 años", explica Larraga. Según datos de la Fundación Alternativas, el sistema de ciencia ha perdido casi 90.000 empleos, cifra que se obtiene al sumar los 27.000 puestos de científicos y técnicos perdidos entre 2010 y 2014 a los 61.900 que se deberían haber creado de haberse mantenido el nivel de crecimiento previo a la crisis.
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