Cuando los precios de la energía preocupan a los ciudadanos, en plena ola de frío, no quiero que pase por alto la actuación de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo que ha abierto Diligencias por el aumento de precio en el consumo de electricidad.

Lo que se investiga es el motivo por el que se producen los sucesivos incrementos de precio que vemos en los recibos de la luz recientemente.

En este contexto, también conviene recordar que la CNMC acaba de publicar los informes correspondientes a la 11ª liquidación provisional 2016 (correspondiente al mes de noviembre) del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural donde me quedo con el dato de que el déficit tarifario se situó en los 1.301 millones de euros.

Popularmente, se desconoce el papel de la Fiscalía en materia de consumo y, precisamente estas diligencias de las que hablamos, se realizan en defensa de la protección de los intereses de los Consumidores y Usuarios.

Los Fiscales pueden iniciar acciones de cesación para defender los llamados intereses difusos de consumidores y usuarios, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil les habilita para ello.

Se trata de un complemento de las opciones, de los opciones legales de que tienen las asociaciones de consumidores y usuarios, que en los casos donde observe que no están interviniendo puede ponerse en marcha. 

En conclusión, es una interesante actuación y quedamos a la espera de los resultados de su informe que aporta un nuevo enfoque, además del económico, a la gestión y al mapa del sector energético.

Por: Arcadio García Montoro