Enagás ha solicitado iniciar un arbitraje internacional contra Perú por los 500 millones invertidos en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP). Lo hace después de seis meses de trato directo en los que no ha conseguido llegar a un acuerdo amistoso con el Estado peruano. Tras las no alcanzar ningún consenso, la gasista española eleva el proceso a la corte arbitral del Banco Mundial (CIADI). Enagás, cuyo principal accionista es el Estado español, posee un 25% del consorcio que se hizo con la concesión para la puesta en marcha y explotación del gasoducto.

El consorcio advirtió a comienzos de 2017 de que devolvería la concesión al Estado para su relicitación. La sociedad, que controla la constructora brasileña Odebrecht, no contaba con los 7.200 millones de dólares necesarios para el desarrollo de la infraestructura. Desde el pasado diciembre Enagás buscaba un acuerdo amistoso con Perú como paso previo al arbitraje, que finalmente no ha podido eludir.

Ahora, la compañía presidida por Antonio Llardén inicia el procedimiento arbitral, aunque ha anunciado que todavía confía en llegar a un acuerdo y para ello se pone a disposición del Estado peruano para "alcanzar un arreglo amistoso", dice en un comunicado. Enagás ratificó su objetivo de beneficio neto para 2018.