El grupo de construcción y servicios Carillion no agunta más. Sus acreedores se han negado a darle más apoyo financiero y lo fuerzan a entrar en un proceso de liquidación. Entre esos acreedores están RBS, Santander UK, HSBC y otros.

Las negociaciones entre empresa y bancos, para tratar de salvar a la empresa, se han mantenido hasta este mismo domingo. La compañía buscaba nueva financiación a corto plazo y el canje de parte de la deuda por capital de la constructora. Sin embargo, las conversaciones no han llegado a buen puerto. Ni los bancos ni el Gobierno han confiado en su plan de negocio.

Carillion, que emplea a 43.000 personas en todo el mundo (20.000 en Gran Bretaña) proporciona servicios públicos en defensa, educación, salud y transporte. Dice que el gobierno sí proporcionará los fondos necesarios para mantener los servicios públicos prestados por su personal.

"En los últimos días no hemos podido asegurar los fondos para respaldar nuestro plan de negocio y, por lo tanto, sentimos con gran pesar haber llegado a esta decisión", ha señalado su presidente Philip Green.

La tensión en torno a la empresa de 200 años de antigüedad se han intensificado durante las últimas semanas, lo que ha obligado al Gobierno a celebrar una serie de reuniones de crisis para discutir cómo deberían responder.

Carillion se ha visto afectada por costosas demoras en los contratos y una desaceleración de nuevos negocios que provocó una serie de advertencias de ganancias y una pérdida en la primera mitad de su año fiscal de más de mil millones de libras (unos 1.400 millones de dólares). Tiene deudas y pasivos de 1.500 millones de libras.

En los últimos meses, la oposición laborista ha criticado que el Gobierno haya adjudicado más proyectos públicos a la compañía, que el pasado julio hizo ya una primera advertencia sobre su situación financiera. 

Según los analistas, a partir de hora es posible que se produzca un troceo de la constructora y la venta de activos más atractivos para conseguir suavizar parte de la deuda.