Hablamos de la actuación de la Fiscalía en defensa de un asunto de naturaleza social, algo impensable hace tan solo unos años.
Con la orden de incoar las diligencias en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios para averiguar la realidad, y discernir posibles responsabilidades en los hechos ocurridos los pasados días 6 y 7 de enero, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución, vemos una fiscalía acorde con los tiempos que se suma a los cerca de 3000 afectados que se quedaron atrapados en la nieve, quienes están ejercitando sus acciones.
Se trata de sancionar los casos donde alguien detrae del mercado un bien de primera necesidad.
Evidentemente parece el caso. A nadie se le escapa que una autopista ofrece un servicio público de estas características salvando un puerto de montaña, y además es fácil apreciar el perjuicio a los consumidores. Ya veremos si como para calificarlo grave a esos efectos.
Aunque hay que subrayar que hubo suerte porque no se han producido heridos ni consecuencias peores. En ese caso, sin duda la cuestión podría tener otros matices también jurídica y criminalmente hablando.
A esta conducta le corresponde la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Por tanto, muy interesante la iniciativa en defensa del interés social, no se espera a que las asociaciones y los particulares interpongan demandas ni ejerciten las acciones colectivas por ejemplo.
Hay que aplaudir la iniciativa. De hecho, con anterioridad algunos hemos echado de menos su intervención en diferentes causas en el terreno financiero, cláusulas suelo, etc.