Ayer comenzó en la Audiencia Nacional el caso criminal contra los principales responsables de Fórum Filatélico.
Se juzga la presunta estafa, el falseamiento de cuentas, el blanqueo de capitales y la insolvencia, en este caso posiblemente punible, que al final es lo que afecta de plano al más de cuarto de millón de inversores atrapados por un modelo de actuar que prometía superiores rentabilidades que las del mercado y en realidad se alimentaba del éxito que tenía su captación masiva de fondos. Aunque a fecha de hoy la gran pregunta es si estábamos ante un producto financiero estructurado o no y por lo tanto si el estado ha de responder.
La complejidad de la causa ha llevado a consumir casi once años en una instrucción que, por lo que parece, tampoco ha dado sus frutos encontrando, por ejemplo, fondos en paraísos que pudieran reintegrar el importe invertido a los afectados. Aun así, vamos a tener juicio para todo el cuatrimestre que queda del año.
Es evidente que la liquidez de la empresa era escasa comparado con las dimensiones alcanzadas. El efectivo que se incautó cuando actuó la justicia y el valor de los sellos, muy inferior al publicado, hacen imposible reponer tanto afectado a su inversión.
Un dato: En 2006 el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que declaró el concurso de acreedores demostró un desfase patrimonial de 2.848 millones de euros. En definitiva, no hay bienes para afrontar lo debido.
A esto hay que sumar que el caso se diferencia de los recientes escándalos financieros precisamente en que escapa de este sector y por lo tanto el papel de las autoridades ni ha existido ni jamás fue diseñado con tales fines.
En conclusión, como ya han apuntado varias sentencias, parece improbable que se repare el daño. Tampoco que acabe respondiendo el estado, y la condena de los presuntos delincuentes poco va a satisfacer a los perjudicados.