El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales dos Proyectos de Ley que transponen tres Directivas comunitarias sobre contratación pública.
Se trata de una medida más de lucha contra la corrupción, de transparencia y que procura el aumento de la competencia.
El asunto estaba pendiente desde Marzo y se ha sobrepasado el plazo de transposición máximo previsto para el 18 de abril de 2016 y por lo tanto, en ambos Proyectos de Ley se ha solicitado el procedimiento de urgencia.
Desde el punto de vista de la corrupción, no solo no podrán ser contratistas los condenados por el delito entre particulares, sino que los partidos políticos, sindicatos e incluso asociaciones empresariales, si se financian mayoritariamente con fondos públicos, habrán de adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.
Además, desaparece la modalidad del procedimiento negociado a la que no se daba publicidad, siempre que no alcanzase determinada cuantía y que tantas sospechas ha levantado.
Nace también el denominado procedimiento abierto simplificado, que ve reducido el proceso de contratación a apenas un mes y que necesita que sea publicado, por lo que contribuye a dar transparencia.
En materia de competencia y apoyo a las pymes, se incentiva la creación de lotes en los contratos.
En definitiva, confiamos en que también crezca la cooperación entre Administraciones territoriales, con la creación del Comité de Cooperación con las Comunidades Autónomas y la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por: Arcadio García Montoro