El viceprimer ministro de Vietnam, Le Minh Khai, ha encargado al Ministerio de Finanzas del país que encabece la investigación para la implementación de un marco legal que rija los activos digitales. De esta forma, Vietnam diseñará un marco legal para las criptomonedas.
Según un informe del medio de comunicación local Vietnamnet el lunes, el ministerio debe identificar documentos legales específicos que requieran enmienda o promulgación para la gestión de la clase de activos nacientes. La investigación se está llevando a cabo junto con los Ministerios de Justicia, Información y Comunicaciones, así como el Banco Estatal de Vietnam.
Es otro paso en la marcha del país para legislar formalmente los activos digitales después de la prohibición del banco central de la nación sobre bitcoin y otras criptomonedas para su uso como medio de pago en 2017.
En agosto de 2017, el entonces primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, emitió la Decisión 1255, que busca el establecimiento de un marco legal para administrar los activos digitales.
La investigación de Vietnam se extiende sobre ese decreto al estudiar más a fondo la relación de las criptomonedas con los activos reales y evaluará el marco de tiempo requerido para la implementación del marco legal.
Si bien en el pasado se han hecho algunos esfuerzos para seguir adelante con las propuestas regulatorias, aún no se ha llegado a una decisión.
El gobierno no ha prohibido el comercio de criptomonedas
El gobierno no ha prohibido el comercio de criptomonedas y permite a los ciudadanos mantenerlas como activos. A pesar de la falta de un marco legal para poseer, comerciar y usar criptomonedas, la adopción de activos digitales por parte de Vietnam, por población total, se encuentra entre las más altas del mundo.
La decisión de estudiar y guiar la discusión de políticas se extiende a múltiples mandatos de investigación que evalúan el impacto de las criptomonedas en la cambiante economía digital de Vietnam.
También evaluará los requisitos necesarios para desarrollar legislación destinada a controlar los riesgos, pero de tal manera que no afecte a otros sectores, incluidos el comercio electrónico y la tecnología de la información, según el informe.