En Irlanda del Norte, el ejecutivo regional está descompuesto y sus ministerios, sin ministrosEl parlamento central de Westminster intenta aprovechar este vacío de poder para aprovechar para legalizar el matrimonio igualitario y el aborto, prohibidos de momento en la Irlanda del Norte.
Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, pero goza de cierta autonomía legislativa frente a Londres. El Úlster, como se conoce popularmente, cuenta con un Ministro Principal y una asamblea propia con potestad sobre ciertas competencias.
Sin embargo, desde hace más de dos años, el ejecutivo regional está descompuesto y sus ministerios, sin ministros. El parlamento central de Westminster intenta aprovechar este vacío de poder para aprovechar para legalizar el matrimonio igualitario y el aborto, prohibidos de momento en la Irlanda del Norte.
Siempre que el ejecutivo y el parlamento de Belfast no regresen al estado operativo antes del 21 de octubre, el Proyecto de Ley de Formación del Ejecutivo de Irlanda del Norte y sus enmiendas están listos para entrar en vigencia. El plazo para la entrada de la nueva ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo termina en enero de 2020, y la del aborto deberá ser efectiva en marzo de 2020, con algunos elementos anticipados. A partir del 22 de octubre de este año, el aborto quedará despenalizado y las acusaciones contra las mujeres actualmente procesadas se retirarán.
ABORTO EN IRLANDA DEL NORTE
El aborto es legal en Inglaterra, Escocia y Gales desde 1967, pero la ley nunca se extendió a Irlanda del Norte ya que los políticos locales siempre se han opuesto a ella. El aborto es ilegal en Úlster gracias a la Ley de Protección Infantil de 1945: solo se concebía como posibilidad en los casos en que el embarazo había puesto en peligro la vida, la salud física o mental de la mujer embarazada. Los que se someten a un aborto ilegal y los que colaboran podrían incluso ser condenados con cadena perpetua.
La República Católica de Irlanda ya había llegado muy tarde al derecho al aborto, que se legalizó en 2018 gracias a un referéndum. Tras la aprobación de la ley del aborto, el ministro de Salud, Simon Harris, abrió las puertas a las mujeres norirlandesas, declarando que tendrían la posibilidad de abortar en Dublín y sus alrededores. Al mismo tiempo, los activistas también organizaron una gira con autobuses que distribuían píldoras de aborto gratuitas a mujeres en Irlanda del Norte.
La situación es tan extrema que las norirlandesas acuden a Women on Web, una ONG con sede en Ámsterdam que, tras estudiar los casos individualmente, activa el protocolo y se ponen en contacto con una pequeña oficina en la ciudad de Nagpur, en la India, desde donde se les envían nueve pastillas que pondrán fin a la gestación.
Esta ONG protege la identidad y la ubicación de sus usuarias y les piden una donación de entre 80 y 90 euros para cubrir costes de administración como alternativa a los entre 600 y 2.000 euros que puede costar un aborto en Londres.
APOYOS Y OPOSITORES
En noviembre de 2015, la Asamblea de Irlanda del Norte, con competencias en asuntos sociales, votó a favor de legalizar el matrimonio igualitario, pero la decisión fue bloqueada por el Partido Unionista Democrático utilizando una cláusula que exige que ciertas medidas necesiten un elevado apoyo de los dos principales partidos. La otra fuerza política mayoritaria, la izquierdista Sinn Féin, sí está a favor.
En 2018, el Tribunal Supremo consideró que la normativa sobre el aborto en Irlanda del Norte era "incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos"
Las encuestas, además, reflejan el amplio apoyo de la población norirlandesa a permitir las bodas entre personas del mismo sexo y a flexibilizar la rígida norma que regula la interrupción del embarazo. Un sondeo, publicado por Amnistía Internacional, indica que el 65% de los norirlandeses quiere un cambio en la ley del aborto.
Sin embargo, la posible legalización también ha provocado protestas entre los sectores más conservadores. A través de un escrito, los obispos católicos han expresado su preocupación por la maniobra londinense para "acelerar una legislación que tendrá un impacto devastador en el derecho a la vida de los niños no nacidos" y han pedido que sean los ciudadanos norirlandeses los que, en virtud del acuerdo de autogobierno, decidan sobre este asunto. Aunque como se puede leer en el párrafo anterior, la población norirlandesa parece bastante a favor de leyes más flexibles en estos dos ámbitos.