Los permisos de paternidad serán de ocho semanas desde hoy, cuando entra en vigor el decreto ley en materia de igualdad laboral. Por lo tanto son 3 semanas más que hasta ahora.
Los padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir de este lunes deberán disfrutar las dos primeras semanas al mismo tiempo que la madre e inmediatamente después del parto o adopción. Las seis semanas de descanso restantes las podrán repartir durante los primeros doce meses. En 2020 aumentará su duración a 12 semanas y alcanzará las 16 semanas el año siguiente.
En ese año 2021, los dos permisos serán iguales e intransferibles para ambos progenitores y pasarán a llamarse permisos por nacimiento, que incluye parto o adopción y el cuidado del menor de 12 meses.
Aunque el real decreto entre en vigor este lunes, su continuidad depende de que sea convalidado el miércoles por la Diputación Permanente del Congreso, aunque el Gobierno no contempla que se vayan a introducir cambios significativos.
El coste para el Estado...y las empresas
La ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas costará 2.612 millones de euros en tres años, de los que unos 500 millones serán asumidos por las empresas. El gasto de la Seguridad Social se verá incrementando en 2.114 millones hasta 2021.
La ampliación de hoy de cinco a ocho semanas tiene un coste estimado de 373 millones: 302 millones para la Seguridad Social y 71 millones para los empresarios, que tendrán que seguir pagando la cotización por contingencias comunes del trabajador durante su permiso. De todas formas esta cifra será algo más baja porque estaba calculada para el año completo y no desde el 1 de abril.
En 2020 la prestación subirá a 12 semanas con un coste de 871 millones: 705 millones para la Seguridad Social y 166 para los empresarios.
En 2021 llegará a 16 semanas, lo que costará 1.368 millones: 1.107 millones a la Seguridad Social y 261 millones a los empresarios.
El decreto ley incluye además la ampliación a ambos progenitores del permiso para lactancia, lo que supondrá un incremento de gasto de 25,58 millones: 20,68 millones para la Seguridad Social y 4,9 millones para las empresas.