Una hora después de lo esperado, la Sentencia de los ERE ya es oficial. El expresidente de la Junta de Andalucia y expresidente del PSOE de Andalucia, José Antonio Griñán, ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, ha resultado sentenciado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 9 años, según el fallo de la pieza política del caso de los ERE, que ha sido notificado este martes.
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En Capital Radio hemos hecho un análisis exhaustivo de la sentencia con la ayuda de Javier Cremades, presidente de Cremades Abogado. El experto considera que "es un castigo ejemplar pero provisional".
Es el mayor caso de corrupción política juzgado en España. Se trata de determinar la responsabilidad penal de los exdirigentes de la Junta de Andalucía por crear un presunto sistema ilegal de ayudas.
Ese sistema se habría mantenido durante más de una década, del 2000 al 2011, para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma irregluar.
Por ejemplo, se habrían pagado falsas prejubilaciones. También se habrían otorgado ayudas y subvenciones de forma fraudulenta, a empresas que no estaban presentando ningún ERE o incluso a personas que no habían llegado a crear ninguna empresa. En total habrían repartido de forma arbitraria hasta 680 millones de euros.
19 acusados y penas de hasta 8 años
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán por malversación y prevaricación. Ambos dijeron en el juicio que desconocían las irregularidades.
Hay otros 19 altos cargos implicados. De hecho hay otros 10 acusados que se enfrentan a una pena aun mayor, de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por los dos mismos delitos. Entre ellos, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o su sucesor en el cargo, Juan Márquez.
Varios testigos confirmaron que recibían órdenes de miembros del Gobierno para la concesión de ayudas y que se otorgaban sin ningún tipo de control.
Los tres peritos propuestos por la acusación confirmaron que las ayudas se concedieron de forma ilegal e indebida y que los acusados conocían el procedimiento pero no hicieron nada para pararlo. En cambio los seis peritos de los acusados defendieron lo contrario. También dijeron que era imposible que, por ejemplo Griñán, como consejero de Hacienda, conociera todos los programas presupuestarios.
El juicio en la Audiencia de Sevilla quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, después de 152 sesiones. Por fin mañana llegará la sentencia, 333 días después. Mal momento, según señalan algunos, para el PSOE, que está intentando recabar apoyos para la investidura de Pedro Sánchez.