¿Hasta dónde puede llegar el agujero que se está encontrando el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía? En los últimos días está saliendo nueva información sobre sentencias por supuesta mala gestión, que se están pagando con fondos públicos. ¿Qué más puede salir levantando alfombras?
El nuevo gobierno andaluz se enfrenta a elevados cargos sorpresa en la Junta de Andalucía, pasa el tiempo y sigue aflorando el pufo millonario en la Comunidad Autónoma. Y podrían seguir llegando sentencias.
La administración andaluza ha heredado algunas sentencias que estaban pendientes. Entre ellas, no descarta que existan sentencias ocultas, es decir, que todavía están pendientes de ser pagadas. Y por si fuera poco, la suma total que ha pagado la junta desde 2016 hasta 2019 asciende a unos 762 millones de euros.
Entre algunas sentencias que estaban pendientes el Gobierno andaluz ha heredado la de la Empresa Metro de Sevilla, que asciende a 162 millones de euros.
El agujero de Andalucía
Volviendo a estos números que se acaban de conocer, en 2018 la junta tuvo que pagar 168 millones por una sentencia sobre el Centro Comercial Nevada, otros 63 millones por el caso relacionado con la Nueva Generadora del Sur, una antigua central de ciclo combinado, también por un error de la junta, que además obligó a despedir a trabajadores. El gobierno paralizó durante 3 años y 4 meses ese proyecto de una central eléctrica, lo que provocó el despido de 36 trabajadores.
Esas han sido algunas sentencias que sí se han ido conociendo, pero el gran agujero en las cuentas no se ha sabido hasta que los socialistas han abandonado el gobierno de Andalucía.
214 millones de euros de multas y sanciones de herencia
El nuevo ejecutivo, formado por el PP y Ciudadanos, se enfrenta este año al pago de 214 millones de euros de multas y sanciones que llegan como herencia del gobierno anterior. Se incluye ahí esa cantidad que comentábamos al principio de 162 millones de euros que corresponden a la empresa Metro de Sevilla, en concreto por los retrasos en la obras.
Es por todas estas cuestiones que la actual Junta andaluza se ha visto obligada a encargar a la Intervención General una estimación para contabilizar el dinero que los gobiernos socialistas han pagado en sentencias judiciales, ya que no existe un registro de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de sentencias.
De 2016 a 2019 asciende a 762 millones de euros
La administración andaluza tampoco descarta que existan sentencias ocultas, es decir, sentencias que están todavía pendientes de ser pagadas. La suma total, lo que ha pagado la junta desde 2016 hasta 2019 asciende a unos 762 millones de euros.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha delimitado hasta ahora el periodo de 2016 a 2018, del que al menos se ha ejecutado el pago de 548 millones, cumpliendo así las sentencias judiciales, al tiempo que determina el importe a pagar de las sentencias a partir de 2019, y que de momento es de 214 millones de euros.
Todo esto en un momento en que el nuevo gobierno está por otra parte haciendo frente a su promesa de bajar impuestos.
Según la última reforma que ha aprobado el actual ejecutivo andaluz, al final de la legislatura, los andaluces habrán ahorrado 235 millones de euros en impuestos. De esa cantidad, 150 millones se deben a la bajada de tipos y reducción de los tramos del IRPF.
Los 85 millones de euros restantes corresponden al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Impuestos de Sucesiones y Donaciones y otros impuestos
Andalucía ha eliminado en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familiares directos. Para ello, ha aprobado por decreto una bonificación al 99% en la cuota del impuesto para los grupos de parentesco I y II. El cambio más importante viene por la parte de las donaciones, ya que Andalucía pasará de ser una de las comunidades con mayor gravamen en las donaciones, al grupo de comunidades con menor coste fiscal, al nivel de los canarios, cántabros, madrileños, murcianos y riojanos.
Para esto, el Gobierno andaluz del año 2018 ha aprobado un decreto ley que entrará en vigor este jueves y que tendrá que ser convalidado por el Parlamento andaluz en el plazo de un mes.
También se ha aprobado una rebaja de más del 50% al tributo de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a familias numerosas para la compra de una vivienda.
Además de las familias numerosas, el decreto también contempla como beneficiarios a las empresas en la compra de inmuebles. El Gobierno andaluz fue el primero en establecer un tipo del 2% en 2003 para las empresas y autónomos que decidieron tributar a través del IVA la adquisición de inmuebles. A partir de ahora Andalucía será la primera comunidad que aplique una reducción del 2% al 1,5% del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) a las empresas y autónomos que adquieran inmuebles con la renuncia a la exención del IVA. Con ello el Gobierno de la Junta dice que quiere contribuir a que las Pymes andaluzas dispongan de mayor liquidez y se aporte así un mayor dinamismo de la economía en la comunidad autónoma.