El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado todos los detalles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pone en marcha este lunes el Gobierno de España. Forma parte de la estrategia del gobierno para prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en España. Pero, para algunos expertos, ha sido una mala idea aprobarlo durante el estado de alarma.
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Según recoge el BOE, España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual. El texto también señala que la necesidad de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como política destinada a corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19.
Hemos analizado los detalles de este Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, en Capital Radio, durante "La Gran Tertulia Económica", en el programa de Luis Vicente Muñoz.
Han participado Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, María José Villanueva, ejecutiva en la industria farmacéutica y vicepresidenta imagen y comunicación en la asociación española de ejecutivas y consejeras y Marisa Estévez, Digital & WomaninTech Advisor y ejecutiva en el Sector Tecnológico.
Escucha su intervención en el siguiente podcast:
Hablamos sobre la publicación en el BOE de los detalles del IMV con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, María José Villanueva, ejecutiva en la industria farmacéutica y vicepresidenta imagen y comunicación en la asociación española de ejecutivas y consejeras y Marisa Estevez, Digital & WomaninTech Advisor y ejecutiva en el Sector Tecnológico
El abogado y profesor Fernando Zunzunegui señala que la nueva arquitectura social que recoge esta norma es la unidad de convivencia, en lugar de la familia.
Y es que podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los integrantes de una unidad de convivencia. No tienen por qué ser familia, también pueden ser personas que comparten vivienda por situación de necesidad.
También hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Zunzunegui destaca que según el decreto, hay en España 9,9 millones de personas (el 21% de la población) en 4 millones de hogares, que están en riesgo de pobreza.
Se basa en la definición del INE y de Eurostat, que incluye a personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional.
Para el abogado y profesor, esta definición no tiene en cuenta la economía sumergida. Señala que si esos datos de pobreza fueran ciertos, "estaríamos ahora mismo ante una revuelta social".
Los requisitos para recibir este ingreso, que oscila entre los 461€ y los 1.015€ están relacionados con el patrimonio y la búsqueda de empleo.
Y si se comenten infracciones, la sanción no será solo para los beneficiarios de la prestación, sino también para otros miembros de la familia y otras personas que pudieran haber cooperado, para luchar precisamente contra la economía sumergida.
Aprobado durante el estado de alarma
Otra cuestión a tener en cuenta es que el decreto se ha aprobado durante el estado de alarma. Es algo que no ha gustado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que no se debería haber aprobado una medida estructural en esta situación.
Una opinión que comparte en Capital Radio María José Villanueva, ejecutiva en la industria farmacéutica y vicepresidenta en la asociación española de ejecutivas y consejeras. "Todo lo que he ha legislado durante el estado de alarma que no sea sobre el coronavirus, se debe derogar y discutirse en el Parlamento, en condiciones democráticas".
Por su parte, Marisa Estévez, Digital & WomaninTech Advisor y ejecutiva en el Sector Tecnológico, señala que ya hace años que se habla de la necesidad de reconventir a aquellos trabajadores o personas sin formación o cuya formación se haya quedado desactualizada, para que puedan tener ingresos.
En este sentido, considera que "hay causas mayores por las que mucha población se pudiera quedar exenta de ingresos, y no solo es esta (la pandemia por coronavirus). Publicar en el BOE un decreto en un modo tan sesgado, me parece fuera de los argumentos que pueda tener la democracia".
También explica Estévez que no se está poniendo en valor la colaboración ciudadana, que ha ayudado a resolver que esta pobreza no llegara a niveles dramáticos.