El Consejo de Ministros dará luz verde mañana una oferta pública de empleo (OPE) de 30.445 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Gracias al oxígeno financiero que inyectan los Fondos europeos, la oferta incrementa en un 8.5% las plazas ofertadas el curso pasado y supera, incluso, la cifra que estimaban los Presupuestos Generales del Estado para este año.
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La propuesta que pondrá María Jesús Montero encima de la mesa consiste en un total de 23.491 plazas, de las cuales 13.932 son de libre acceso y las 9.509 restantes de promoción interna. Con la ayuda de los puestos aprobados para la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, la recién llegada al departamento de Función Pública, podría anotarse un nuevo récord para esta legislatura socialista.
La oferta al detalle
A partir de un nuevo real decreto el ejecutivo de Sánchez sacará a concurso una OPE con marcado carácter digital. La oferta será especialmente intensiva en áreas relacionadas con las ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas y prueba de ello son las 1300 plazas de funcionariado (de 2.924 nuevos funcionarios) reservadas a aumentar la plantilla pública en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
El Gobierno lanza un mensaje sin reservas, quiere una administración al servicio de las nuevas tendencias STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) que lideran el mundo laboral.
La OPE no convence a los sindicatos, que la tachan de “insuficiente”
A pesar de que el Gobierno se jactó de contar con el apoyo de todas las partes implicadas, los nuevos cambios no han gustado ni a los sindicatos ni a los propios trabajadores. Prueba de ello son las últimas declaraciones del presidente del CSIF, señalando que “la oferta pública anunciada no es suficiente”.
Son muchos los `peros´ vertidos sobre la propuesta. En primer lugar, los sindicatos reclaman “una oferta de empleo plurianual” para hacer frente a la pérdida de empleo de la AGE y garantizar un atención urgente en organismos “esenciales”. Ponen de ejemplo los colapsos que han sufrido recientemente el SEPE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Además, tanto la UGT como el CSIF exigen poner punto y final a la tasa de reposición (índice de reemplazo del empleo público), habida cuenta del porcentaje de trabajadores que se jubilan en los próximos años. La Central Sindical revela el dato, ""desde la fecha actual hasta 2030 se estima que el 56,3% de la plantilla se jubilará".
Con esta iniciativa el Gobierno aspira a reducir la temporalidad del empleo público, un problema estructural agravado por la pandemia. De acuerdo con los últimos datos de CSIF, "700.000" personas tienen un trabajo no fijo en la Administración, fenómeno más acusado en sectores como la Educación o la Sanidad.
Para completar el plan de choque, el ejecutivo presentó la semana pasada una ley in extremis que convocará oposiciones masivas con objeto de regularizar la situación de más de 300.000 interinos. El decreto aterrizó marcado por la polémica y las críticas por falta de consenso con el resto de agentes sociales. Los planes para esta segunda parte de la legislatura podrían tener un efecto contrario al esperado y el récord quedar empañado en un clima de bronca y disenso.