El Director General de APPA Renovables (Asociación Española de Empresas de Energías Renovables), José María González Moya, analiza en capital radio la situación de España en este laudo y de los que quedan por resolver.
El fondo de inversión árabe Masdar Solar, gana el arbitraje que planteó contra España en el Ciadi del Banco Mundial por el recorte a las renovables. La denuncia hace relación al recorte de la retribución que sufrió la planta termosolar instalada por el fondo de inversión árabe en Sevilla, tras la reforma eléctrica de 2013.
A la inauguración de la instalación acudió el entonces Rey Juan Carlos y el príncipe heredero de Abu Dabi. La casa real medió entonces ante Industria para mitigar el impacto del recorte.
Según el Ciadi, por haber vulnerado el Tratado de la Carta de Energía, España tendrá que pagar una compensación de 64,5 millones de euros, más un interés del 0,9% desde que en 2014 entró en vigor el recorte de primas. A partir de este miércoles, los intereses suben al 1,6%. España queda libre entonces de pagar las costas del proceso, que se repartirán a partes iguales.
Además, el laudo considera que el impuesto del 7% a la generación no es un recorte de primas encubierto y salva esa parte de la reforma eléctrica y termina por reducir la vida útil de las instalaciones de 40 a 25 años.
Este veredicto es el primero que llega tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalidaba este tipo de arbitrajes, pero el Ciadi ha estimado que sigue siendo de su competencia.
La decisión es el quinto laudo sobre las renovables. Los dos primeros fallaron a favor de España. Sin embargo, uno de esos no tenía relación con el resto; puesto que hacía referencia a una legislación anterior sobre este tipo de energías. Los dos laudos siguientes, interpuestos por los fondos Eiser y Novaenergía condenaron al Estado.
España se enfrenta así a casi una treintena de demandas en las cortes internacionales de arbitraje por los recortes aplicados a las plantas de energía renovable en las reformas de 2010 y 2013. Las reclamaciones de los inversores extranjeros, ya que los nacionales no pueden acudir a esas cortes, ascienden a más de 7000 millones de euros.
Por otra parte, ésto no sólo supone un nuevo revés económico para España. Podría abrirse también un frente diplomático, al ser el primer litigio de este tipo en el que participa directamente un estado soberano. Además, Masdar pertenece al 100% a Abu Dabi, país que tiene fuertes intereses en España principalmente en la empresa petrolera Cepsa, en la que controla todo su capital.