Pablo Iglesias, antes de la segunda votación, lanzaba desde la tribuna su última propuesta a Pedro Sánchez para intentar formar un gobierno de coalición: Unidas Podemos renunciaría al Ministerio de Trabajo a cambio de gestionar las políticas activas de empleo. Iglesias aseguraba, además que se lo había recomendado alguien del propio PSOE.
Esta es una materia que diseña la secretaría de Estado de Empleo y se desplega con las comunidades autónomas. La dotación económica de la misma en los Presupuestos Generales del 2018 llegó a los 5.716 millones de euros. Para los PGE de 2019 que no llegaron a aprobarse, se preveía un aumento del 4,7% en la dotación.
Las políticas activas de empleo tienen el objetivo de ayudar a encontrar una ocupación, a formarse o a autoemplearse a la población que puede y quiere trabajar. Se trata de actividades y medidas orientadas al aprendizaje, incentivos a la contratación o empleo directamente subvencionado, entre otros. El diseño de estas políticas compete casi en exclusiva al Ministerio de Trabajo, aunque cada comunidad autónoma a la que se transfiere dicha competencia tiene un cierto margen.
Adriana Lastra, la portavoz socialista, le ha preguntado a Iglesias que "para qué pide estas competencias si están cedidas".
Resulta que de esa cifra de algo más de 5.700 millones de euros, se transfieren algo más de 2 millones a las Comunidades Autónomas para la ejecución de políticas activas de empleo, según las cuentas de 2018.
Es el Ministerio quien negocia con las comunidades autónomas y decide la dotación anual que se repartirá a estas comunidades y es quien gestiona los fondos europeos destinados a cuestiones como la formación o programas como "Garantía Juvenil", que lucha contra el desempleo de los más jóvenes. Durante el año se celebran dos Conferencias Sectoriales de Empleo, donde se negocian estas asignaciones, y en la de 2019 se han repartido un total de 2.317 millones de euros a las comunidades autónomas; casi la mitad del presupuesto.
Las asignaciones se gestionan, en concreto, desde el Sistema Nacional de Empleo (SNE) formado por el SEPE, encargado de fijar los criterios de reparto, y los 17 servicios públicos de empleo autonómicos.
La existencia de ministerios políticos sin apenas financiación han provocado que salgan las discrepancias para conseguir formar ahora un gobierno. Las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, que son las que gestionan los hospitales. Lo mismo ocurre con Educación. La función de esos ministerios es más bien coordinar y legislar.